Salamanca, Gto.- El magistrado de la Sala Especializada en Combate a la Corrupción del Tribunal de Justicia Administrativa resolvió que la separación del cargo de la regidora Herlinda Castillo Aguado, durante la pasada administración municipal de Salamanca, fue irregular, por lo que ordenó el pago de los recursos que dejó de percibir durante casi tres meses y medio, ya que su encargo concluyó el 10 de octubre de 2024.
La exfuncionaria hizo pública la resolución y aprovechó para señalar que la planta asfaltadora adquirida en 2023 continúa sin operar hasta septiembre de 2025.
Castillo Aguado fue electa como primera regidora propietaria en la administración encabezada por César Prieto Gallardo. Al inicio del gobierno solicitó licencia para asumir el cargo de tesorera municipal; posteriormente, cuatro meses antes de que concluyera la administración, renunció a dicho puesto y solicitó reincorporarse a la regiduría. Sin embargo, fue separada del cargo bajo el argumento de que existía un procedimiento en su contra en la Contraloría Municipal, situación que consideró irregular y por la que acudió al Tribunal de Justicia Administrativa.
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Herlinda Castillo informó que el 24 de junio de 2024 fue suspendida como regidora del Ayuntamiento 2021-2024, tras una resolución dictada por el subcontralor de Asuntos Jurídicos de la Contraloría Municipal, dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa DRA/003/2024.
“Este procedimiento se inició a través de una denuncia administrativa, en la que se me imputaba haber adjudicado de manera directa la adquisición de una planta de mezcla asfáltica el 18 de mayo de 2023. Desde mi comparecencia ante la Contraloría comprobé que estaban en un error: la compra no fue directa, sino adjudicada por el Comité de Contrataciones Públicas Municipales mediante una licitación pública, identificada como LPNP-MS-CCP-002/2023, lo cual consta en el acta de concurso del 18 de mayo de 2023”, explicó.
Añadió que durante dicha comparecencia también se señaló que la Contraloría no tiene facultades para suspender a un regidor. Detalló que el artículo 63, fracción XXIX, de la Constitución local establece que corresponde al Congreso del Estado suspender o revocar el mandato de integrantes de un Ayuntamiento por causas graves, por lo que la suspensión fue ilegal.
No obstante, mediante el oficio DPM/149/2024, fechado el 21 de junio de 2024 y firmado por el entonces presidente municipal César Prieto Gallardo, se le notificó la suspensión del cargo, lo que derivó en la imposición de una sanción administrativa.
Ante ello, Castillo Aguado presentó una demanda de nulidad por la ilegalidad de los actos. El 1 de diciembre de 2025, el Tribunal de Justicia Administrativa determinó la nulidad total de la resolución, al acreditarse que la compra fue resultado de una licitación pública y que los testigos presentados por la Contraloría Municipal formaban parte del propio procedimiento. Asimismo, se condenó a la autoridad demandada a resarcir los daños ocasionados.
Javier Rangel Ávila, abogado de la exregidora, señaló que la autoridad municipal no dejó otra opción que acudir al Tribunal, luego de que la Contraloría decidió sancionarla y prohibió el pago de sus emolumentos, que ascendían a poco más de 48 mil pesos mensuales.
“Buscamos que dejen de defender lo indefendible y le paguen a Castillo Aguado los recursos que ya no se le entregaron. De lo contrario, se generarán perjuicios, ya que ese dinero puede generar intereses si se invierte en una institución bancaria, lo que terminaría pagándose con recursos públicos municipales”, advirtió.
El litigante hizo un llamado al presidente municipal para que no continúe defendiendo una postura que podría derivar en mayores costos para el municipio, al recordar el caso del excontralor municipal Miguel Cordero, en el que el Ayuntamiento fue condenado a pagar cerca de dos millones de pesos.
Finalmente, Rangel Ávila solicitó la intervención de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), para que revise el caso y, en su momento, finque responsabilidades a quienes separaron ilegalmente del cargo a la regidora.
“Este es un asunto totalmente político. Herlinda Castillo jamás obtuvo un beneficio personal mientras se desempeñó como tesorera o regidora; simplemente estorbaba y por eso realizaron un procedimiento ilegal para sacarla del cargo”, concluyó.
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