Salamanca, Gto.- Una docente de la Escuela Secundaria Técnica Oficial Estatal “18 de Marzo”, en Salamanca, interpuso denuncias formales ante la Fiscalía del Estado y las autoridades educativas, además de solicitar la intervención de la gobernadora del estado, en contra del director del plantel por la creación y difusión no consentida de material manipulado con inteligencia artificial que vulnera su honra, intimidad e imagen pública. Por ello, espera una respuesta de las autoridades a las que ha recurrido.
Sobre este tema, la Delegación Regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que el procedimiento disciplinario laboral derivado de estos hechos se encuentra en su fase final, únicamente a la espera de la notificación formal del dictamen.
La dependencia estatal confirmó que el directivo estará sujeto a la sanción correspondiente conforme a la normatividad vigente y reiteró su postura de rechazo hacia cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas y el uso inadecuado de herramientas digitales.
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De acuerdo con la denuncia y los hechos expuestos, el directivo utilizó una fotografía tomada dentro del plantel en horario laboral para generar, mediante herramientas tecnológicas, un video distorsionado en el que se simula una conducta afectiva entre la maestra y el intendente de la escuela. El material fue posteriormente compartido en un grupo de WhatsApp administrado por el propio director, lo que afectó la reputación y la tranquilidad familiar de ambos trabajadores.
Abren investigación por presunta responsabilidad administrativa
La denuncia presentada de manera individual por la víctima ha derivado en acciones de fiscalización estatal. Según consta en el oficio DIB/4644/2026, emitido el 5 de junio de 2026 por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Honestidad del Gobierno del Estado de Guanajuato, se formalizó la apertura del expediente de investigación por presunta responsabilidad administrativa.
El documento, firmado por la maestra Mariana Rocha Belmonte, directora de Investigación «B», se originó a partir de un reporte inicial realizado ante la Secretaría Particular de la Gubernatura el pasado 22 de mayo de 2026. La dependencia citó a comparecer a la denunciante en el Conjunto Administrativo Pozuelos, en la capital del estado, y estableció que la diligencia se desahogaría “bajo estrictos protocolos con perspectiva de género, evitando la reiteración innecesaria de narrativas que pudieran afectar su estado emocional”.
A la par del procedimiento administrativo, la maestra agraviada interpuso una querella ante el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato por la presunta comisión de delitos tipificados en la Ley Olimpia, además de solicitar la aplicación de las causales de rescisión de contrato previstas en la legislación laboral vigente.
Docentes del centro educativo expresaron su respaldo a la afectada y se sumaron a la exigencia de que no haya impunidad. También señalaron el contraste con los recientes lineamientos que prohíben el uso de teléfonos celulares en las escuelas.
El personal docente cuestionó la postura del supervisor de la zona escolar, quien es padre del director denunciado, al señalar una contradicción en el criterio aplicado. Según los profesores, “mientras a la plantilla docente se le restringe el uso del celular bajo el argumento de evitar que los alumnos tomen fotografías o hagan un mal uso de las herramientas digitales, la autoridad ha sido omisa ante el uso de dispositivos y cámaras del propio plantel para elaborar y difundir contenidos difamatorios con IA”.
“Nos sumamos a la exigencia de justicia y a que se aplique la ley. No es posible que se regule y sancione el uso de la tecnología a los profesores argumentando el cuidado de los alumnos, mientras el propio director utiliza herramientas digitales para hostigar al personal”, manifestaron profesores del plantel, quienes pidieron que los reglamentos se apliquen con imparcialidad y sin importar las jerarquías.
Tanto la docente afectada como la plantilla de profesores enfatizaron que se mantendrán vigilantes del dictamen definitivo de la SEG y de las resoluciones de la Fiscalía, a fin de sentar un precedente y garantizar un entorno laboral seguro y respetuoso.
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