Guanajuato, Guanajuato.- Un juez dictaminó la no vinculación a proceso de cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), acusadas de abuso de autoridad por detener a integrantes de colectivos de personas desaparecidas durante una protesta realizada en 2020 en la Glorieta Santa Fe, en Guanajuato capital.
Este lunes 26 de octubre, en los juzgados del Poder Judicial de Puentecillas, en Guanajuato capital, se reanudó la audiencia inicial del caso, correspondiente a la causa penal 1P1426 737. La sesión se extendió durante casi siete horas, en las que los defensores de las imputadas presentaron diversos alegatos para solicitar al juez la no vinculación a proceso de sus representadas.
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En primer lugar, la defensa privada, en representación de las imputadas Elizabeth N. y Alejandra N., centró sus alegatos en demostrar la legalidad y la debida fundamentación de las detenciones efectuadas por sus clientas. Para ello, citó documentos en los que la Fiscalía declaró legales las detenciones cuando tuvo oportunidad de revisarlas y expuso los dictámenes médicos del día de los arrestos, en los que se establecía que no había habido golpes ni maltratos.
En segundo lugar, la defensa pública de las acusadas Atzimba N. y Josefina N. buscó demostrar que sus representadas no realizaron los arrestos y que no era posible verificar, mediante los videos publicados, que ellas hubieran detenido a las personas denunciantes. También argumentó que no contaron con una representación legal adecuada, pues no conocían ni confiaban en el abogado que les proporcionaron las FSPE. Finalmente, sostuvo que habrían sido coaccionadas para firmar los documentos en los que se responsabilizaban de las detenciones.
Durante sus alegatos, la abogada defensora dio a conocer que en el Registro Nacional de Detenciones aparece un hombre identificado como Óscar N., quien firmó junto con las cuatro oficiales acusadas como responsable de los arrestos. Por ello, cuestionó que él no estuviera siendo juzgado.
Los abogados de la parte acusadora rebatieron estos argumentos e intentaron convencer al juez de que dictara la vinculación a proceso de las cuatro imputadas. Aseguraron que no existían más pruebas que las declaraciones de las acusadas sobre la supuesta coacción para firmar los documentos que las responsabilizaban de los arrestos de los manifestantes. Asimismo, señalaron que todas las imputadas acudieron posteriormente a la Fiscalía para ratificar su responsabilidad en las detenciones.
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Finalmente, tras escuchar los alegatos de ambas partes, el juez determinó la no vinculación a proceso de las cuatro acusadas.
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