Guanajuato, Guanajuato.- La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Guanajuato, Plásida Calzada Velázquez, calificó como un acto de violencia el bloqueo institucional y el “calvario” burocrático que enfrenta la comunidad indígena de la Misión de Chichimecas, en San Luis de la Paz.
La diputada integrante del grupo parlamentario de Morena respaldó la lucha de Abigail Torres Hernández, quien fue electa como autoridad tradicional desde mayo de 2024, pero cuya representación ha sido desconocida sistemáticamente por las autoridades municipales. Explicó que esta falta de reconocimiento no solo vulnera la autonomía de la comunidad, sino que ha derivado en consecuencias materiales graves, como la pérdida de acceso a recursos federales del ramo FAISPIAM el año pasado.
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“Como no ha habido una certeza jurídica dentro de la comunidad de Misión de Chichimecas, eso impidió que la comunidad pudiese acceder en ese momento a su recurso. Eso es violencia hacia la comunidad”, señaló.
Esta situación administrativa en la zona noreste del estado de Guanajuato fue vinculada por la legisladora con la resistencia que persiste en el Poder Legislativo para armonizar el artículo 2° constitucional, reformado en septiembre de 2024 para blindar la libre determinación y elección de representantes por los pueblos originarios.
Calzada Velázquez señaló que, pese a los esfuerzos por plasmar estos derechos en las leyes locales, la “negativa de colores ajenos” ha frenado el avance de las iniciativas que permitirían a comunidades como la Misión de Chichimecas ejercer su autonomía sin trabas políticas.
“Es también aquí un llamado respetuoso a las otras fracciones parlamentarias del Congreso para que seamos más empáticos y que apliquemos humanismo en estos temas que tienen que ver directamente con el acceso a derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas”, expresó.
La diputada también se pronunció sobre la agresión sufrida por el reportero Mako Sierra, de La Crónica de Guanajuato, quien fue hospitalizado tras ser golpeado y despojado de su equipo por elementos del Grupo Estatal de Reacción e Intervención (GERI) de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en Juventino Rosas.
La legisladora exigió que la institución pase de los comunicados a un acompañamiento real que demuestre el “humanismo” que la dependencia pregona.
“Preocupa mucho que este suceso se haya dado precisamente por integrantes, elementos de la Fiscalía, siendo una encargada de impartir justicia. Entonces, no podemos dejar ese mensaje a la sociedad”, puntualizó.
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Finalmente, vinculó estos hechos con la necesidad urgente de actualizar los protocolos de actuación oficial, al instar a que la Fiscalía dé certeza y acompañamiento puntual a quienes han sido víctimas de agresiones oficiales, extendiendo esta exigencia a la protección de colectivos de personas buscadoras y a la sociedad en general.
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