Guanajuato, Gto.- Desde el pleno del Congreso se aprobó aumentar el impuesto a inmuebles que cuestan más de 357 millones de pesos en León, y no se aprobó el aumento a los que cuestan más de 750 mil pesos, como lo había solicitado el gobierno de León.

La diputada Karol Jared González, quien en comisiones pidió no aprobar el aumento al predial en León, presentó este jueves nuevas reservas, pero sin modificar lo que ya se había aprobado.

Ahora se mantiene intacta la Ley de Ingresos 2025, pero se agregan tres nuevos rangos de cobro para inmuebles con un valor superior a 357 millones de pesos y más.

El Congreso aprobó subir el predial sólo a inmuebles que superan los 357 millones en León y dejó sin cambios el cobro para viviendas de menor valor.

El resto permanece igual. Así, el artículo 5, fracción I, inciso a), establece que para los inmuebles cuyo valor se determinó o actualizó entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, se conserva el incremento del 4%, tal como lo aprobaron las comisiones unidas, el cual deberá reflejarse tanto en la cuota fija como en la tasa.

Y se agregan tres niveles adicionales para reforzar la progresividad del impuesto, aplicables únicamente en los rangos más altos.

González Márquez propuso una reserva para que en León las tarifas aumenten para inmuebles que superan los 357 millones de pesos.

Externó que para los inmuebles valuados o actualizados entre 2021 y 2025, se conserva el aumento del 4% aprobado por las comisiones unidas. Este ajuste se aplicará tanto a la cuota fija como a la tasa.

Para los inmuebles valuados entre 2016 y 2020, también se mantiene el incremento del 4% en los mismos términos: se aplica a la cuota fija y a la tasa, y se incluyen tres niveles adicionales para reforzar la progresividad del impuesto en los rangos superiores.

El panista Erandi Bermúdez Méndez participó en el tema y dijo que se debe tener madurez política para entender que legislar no es lo mismo que gobernar, ya que cuando se ponen obstáculos a las alcaldesas, alcaldes o cabildos, la ciudadanía resulta perjudicada porque no tiene interés en el origen de los recursos para atender sus necesidades.

Agregó que cada vez que se impone un requisito innecesario para el ejercicio del gasto, se condena a un municipio al subejercicio y a la ineficiencia, por lo que, aseguró, no es prudente medir bajo el mismo parámetro al municipio más grande de la entidad con el más pequeño.

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