Guanajuato, Guanajuato.- La situación en declive de los productores de agave llegó al Congreso. Los priístas propusieron un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado de Guanajuato a que contemple dentro del programa de gobierno y por consiguiente en el Plan Estatal de Desarrollo, acciones y programas en apoyo de los productores de agave en la entidad, con el fin de mitigar los efectos de la caída del precio de este producto.
Esto debe ser a través de las secretarías del Campo, Economía, Turismo e Identidad y, Agua y Medio Ambiente, para generar también estrategias que permitan diversificar su aprovechamiento rentable, sustentable y respetuoso del medio ambiente.
El coordinador de la bancada priísta Alejandro Arias Ávila expuso las consideraciones de la propuesta y destacó que establecer regulaciones y contar con elementos protegidos por la denominación de origen, otorga importantísimas ventajas comerciales y competitivas por el prestigio, calidad y características de dichos productos o procesos, al grado que son uno de los temas que nunca se dejan de lado respecto a la celebración de tratados comerciales, pues mantener la debida protección de los sectores productivos relacionados con las mismas.
Destacó que el agave y su sobreproducción ha generado una serie de problemas que requieren la intervención del gobierno a través de políticas públicas efectivas, ya que el fenómeno agrícola ha impactado en la caída drástica en los precios del agave, afectando significativamente a los ingresos.
Calificó como indispensable contemplar los impactos ecológicos y fitosanitarios que el abandono de las tierras cultivadas puede generar, por la degradación de los suelos que esto conllevaría, por lo que resulta indispensable que se realicen medidas.
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“En la entidad se estima que existe una superficie cultivada de alrededor de 70 mil hectáreas, lo que representa una afectación de al menos unos 8 mil productores”, señaló el diputado.
Insistió que se deben implementar una serie de políticas públicas basadas en la sostenibilidad y la equidad en las regiones consideradas dentro de las declaratorias de denominación de origen, para velar por la seguridad de sus productores, no desde una perspectiva proteccionista, sino como reconocimiento de los beneficios que genera su actividad mediante la producción de insumos considerados como patrimonio del Estado.
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