1.- Doctor en tiempo récord: El fiscal y su cédula exprés
A las 12 horas con 53 minutos de este jueves, el fiscal general del estado de Guanajuato, Gerardo Vázquez Alatriste, se convirtió en doctor. Una eficiencia de las autoridades educativas poco usual, pues la propia Secretaría de Educación Pública estima que la emisión de una cédula profesional puede demorar hasta 30 días.
Vázquez Alatriste no cursó su doctorado en el Centro de Estudios Profesionales en Hidalgo (que no existe), como informó en su currículum vitae presentado ante el Congreso de Guanajuato, sino en el Centro de Estudios de Posgrado Campus Cancún. Al fiscal general, al parecer, le falla la geografía.
Desde el pasado miércoles, previo a la publicación de la investigación de Periódico Correo sobre las inconsistencias en sus credenciales educativas, se solicitó una postura a la Fiscalía General del Estado, pero no hubo respuesta. Una vez publicada la información sobre la inexistencia de una cédula que confirmara su doctorado, a las pocas horas ya figuraba un registro en el Registro Nacional de Profesionistas. Los contactos hicieron lo propio.
Está claro que este grado no es un requisito indispensable para ser fiscal general; incluso la existencia o no de la cédula podría quedar en segundo plano. El problema de fondo radica en la serie de mentiras y enredos en los que se ha visto envuelto el nuevo fiscal, los cuales no hacen más que minar su credibilidad y confianza, tan urgentes de recuperar para la Fiscalía General del Estado.
Lo expuesto por este medio sobre el perfil impulsado por el PAN y sus aliados, y avalado por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, no solo impacta en la imagen de Vázquez Alatriste, sino que también pone en duda si su elección fue la correcta.
Es comprensible la molestia que pareció mostrar la gobernadora al ser cuestionada al respecto, pues, contrario a su habitual disposición al diálogo y a enfrentar los cuestionamientos, prefirió evadir las preguntas: “Pues pregúntenle a él. Yo no sé, yo tengo la de mi maestría (…) pregúntenle a él, yo no sé”.
Más allá de los tecnicismos sobre la cédula y el doctorado, lo que queda en evidencia es la falta de transparencia del funcionario, en un contexto donde la credibilidad de la Fiscalía es clave, los ciudadanos merecen certezas, no dudas.
2.- Afiliaciones y asambleas: el camino de México Republicano hacia su registro
México Republicano, una organización de derecha que simpatiza con las ideas de gobierno del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió el aval del INE para continuar su proceso de registro como partido político.
El líder de la asociación, Juan Iván Peña Neder, informó a esta columna que, tras la aprobación de la autoridad electoral, comenzaron los trabajos para afiliar al menos a 300 mil ciudadanos. En una primera fase, se encuentran planeando las asambleas que realizarán a lo largo del país y que se sabe tendrá un enfoque particular en ciertas entidades y regiones específicas, entre ellas el Bajío.
La proyección inicial fue de llevar a cabo al menos 20 asambleas a nivel nacional, aunque el número podría aumentar a 25, según Peña Neder. Previamente, ya había señalado que Guanajuato será una de las entidades donde buscarán mayor apoyo. Otros estados estratégicos para la organización incluyen Jalisco, Chihuahua, Oaxaca, Tabasco, Puebla y San Luis Potosí.
Con el aval del INE para iniciar la afiliación, el exgobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, cobrará mayor relevancia dentro de la organización, ya que está encargado de la movilización de estructuras y la suma de nuevos afiliados. Aunque hasta ahora Oliva Ramírez no se ha deslindado del panismo y los líderes del partido desconocían su participación en México Republicano, su nuevo encargo deja en claro que ha tomado una decisión. Desde esta nueva plataforma, incluso se le proyecta como secretario de la organización.
El estado de Guanajuato es de particular interés para el movimiento debido a la presencia de empresas con capital estadounidense, así como por ser uno de los bastiones panistas más sólidos. Además, porque algunos sectores más conservadores dentro del partido han manifestado, no públicamente, su descontento con las nuevas directrices del gobierno estatal, las cuales podrían considerarse de corte más liberal.
3.- Del sueño americano a la pesadilla del crimen organizado
Sin una política efectiva de retorno seguro, las nuevas medidas migratorias de deportación emprendidas por el presidente Donald Trump tendrán mayores implicaciones para los migrantes que sean deportados o regresen por voluntad propia: convertirse en víctimas del crimen organizado, que ahora los ve como una fuente de ingresos.
Una migrante salmantina deportada desde Texas fue secuestrada en Tamaulipas, y sus captores exigen 10 mil dólares por su liberación. Según confirmó el gobierno estatal, Susana Guerra Vallejo, subsecretaria de Atención a Personas Migrantes, ya estableció comunicación con la familia de la afectada y les está brindando apoyo, aunque hasta ahora no se ha confirmado su liberación. Pero no es el único caso: otro migrante de Dolores Hidalgo también fue secuestrado, y su familia tuvo que pagar 5 mil dólares para que lo dejaran en libertad, según reveló Lolita Aviña Gómez, líder de migrantes en Texas.
Los migrantes en retorno ahora son blanco de los criminales. Aunque la Subsecretaría de Atención a Personas Migrantes, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha implementado estrategias de acompañamiento, la responsabilidad de garantizar un regreso seguro recae principalmente en el Instituto Nacional de Migración, como autoridad coordinadora de la recepción de los paisanos. Sin embargo, ante los reportes de secuestros de guanajuatenses, cabe preguntarse si la administración estatal podría asumir un papel más activo en la asistencia a los deportados o si sus atribuciones limitan su intervención.
Los riesgos no se reducen solo a la frontera, donde grupos criminales han impuesto una especie de “aduana” ilegal para cobrar el derecho de volver al país. También en Guanajuato se han reportado casos de extorsión contra migrantes en retorno, una situación que agrava aún más la vulnerabilidad de quienes, tras ser expulsados de Estados Unidos, buscan reconstruir su vida en México.
Contra Retrato
Ricardo Sheffield Padilla
Este jueves se aprobaron reformas a la Ley del Infonavit y a la Ley Federal del Trabajo en materia de vivienda social. Durante la votación del dictamen en lo general, el senador morenista Ricardo Sheffield Padilla se abstuvo, argumentando que incluía ocurrencias.
“(El dictamen) se va a la Cámara de Diputados y allá se inventan que va a haber una empresa y que esa empresa es la que va a construir las viviendas. Eso es una ocurrencia de algún diputado que piensa más en cómo ganar dinero que en cómo servir al pueblo”, acusó el senador en un video en redes sociales.
Sheffield Padilla rechazó respaldar la reforma debido a que esta establece la creación de una empresa filial del Infonavit para la construcción de vivienda. Con la reforma aprobada y próxima a publicarse, el nuevo esquema deberá arrancar en un plazo de 30 días. La empresa tendrá facultades para adquirir y vender suelo, construir viviendas y gestionar trámites.
La “cobranza delegada“ tiene padres y todos son de Morena
Sin embargo, la opacidad será una de sus principales características. Aunque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Secretaría de Hacienda supervisarán el uso de los recursos del Infonavit, no tendrán la misma facultad sobre la constructora filial. Si este proyecto empresarial del gobierno federal fracasa, los ahorros de los trabajadores podrían verse comprometidos.
Aunque no votó en contra, el mensaje de Ricardo Sheffield Padilla es claro: no respalda un modelo que aumentará la falta de transparencia y debilitará el esquema tripartito, reduciendo la influencia de trabajadores y empresarios frente al gobierno en la toma de decisiones.
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