De acuerdo con el comunicado oficial, esta red proveía precursores químicos utilizados en la fabricación ilícita de fentanilo, droga responsable de cientos de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos.
¿Quiénes fueron los sancionados?

Entre los sancionados se encuentran los hermanos Víctor Andrés, Francisco, Jorge Luis y María Gabriela Favela López, además de Jairo Verdugo Araujo, esposo de María Gabriela; Gilberto Gallardo García, casado con otra integrante de la familia; César Elías López Araujo, señalado como testaferro; y Martha Emilia Conde Uraga, identificada como “intermediaria química afiliada desde hace años al cártel de Sinaloa”.
La familia Favela López, dueña de la empresa Sumilab, fue señalada como un actor clave en el suministro de sustancias químicas al cártel. La OFAC precisó que Sumilab ya había sido sancionada en mayo de 2023, pero continuó operando bajo nuevos nombres y estructuras tras retirar su imagen pública.

“Más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo”, declaró John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro. “El presidente Donald Trump ha reiterado que detener el flujo de drogas es una prioridad de seguridad nacional”, agregó.
Según las autoridades estadounidenses, los hermanos Favela, bajo el mando de Los Chapitos, se encargaban de adquirir, distribuir y vender precursores químicos tanto en México como en Estados Unidos. Estos compuestos eran transformados en fentanilo y metanfetamina por laboratorios afiliados al cártel y posteriormente introducidos al mercado estadounidense.
Además de Sumilab, la OFAC sancionó otras empresas de la familia Favela López, entre ellas:
Agrolaren, Viand, Favelab, Favela Pro (Fagalab), Qui Lab y Storelab.
Por parte de Martha Emilia Conde Uraga, se incluyeron Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico y Roco del Pacífico Inmobiliaria, señaladas de participar en la red logística del cártel.

Con las sanciones impuestas, todos los bienes y derechos sobre propiedades de las personas y empresas designadas quedan bloqueados en territorio estadounidense. Ninguna entidad o ciudadano de EE. UU. puede realizar transacciones con ellas sin autorización expresa de la OFAC.