La propuesta fue presentada por la senadora del PAN Guadalupe Murguía al inicio del periodo ordinario de sesiones, mediante una iniciativa de reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
El planteamiento busca establecer requisitos adicionales para quienes aspiren a ocupar un escaño en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República.
La iniciativa parte de la idea de que los ciudadanos deben contar con mayor información sobre la situación patrimonial, fiscal y personal de quienes buscan ocupar cargos públicos.
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¿Qué propone el PAN para los candidatos de 2027?
Entre las modificaciones planteadas por Murguía se encuentra la obligación de presentar una declaración patrimonial detallada.
De acuerdo con la propuesta, el objetivo sería comprobar que existe correspondencia entre los bienes que declara un candidato y su situación económica real.
La revisión no se limitaría a propiedades registradas en México. La senadora planteó que la información incluya también cuentas bancarias en el extranjero, inversiones y activos en criptomonedas, entre otros elementos patrimoniales.
Además, esa declaración tendría que ser revisada por un organismo independiente, encargado de determinar si existe congruencia entre lo declarado por el aspirante y los bienes que efectivamente posee.
A los requisitos patrimoniales se sumaría la presentación de la declaración fiscal.
Antidoping y prueba de polígrafo, entre los requisitos
La iniciativa también contempla evaluaciones relacionadas con la situación personal de los candidatos.
Uno de los puntos centrales es la presentación de un examen toxicológico con resultado negativo, es decir, una prueba antidoping como condición para quienes busquen contender por un cargo de elección popular.
Murguía propone además que los aspirantes sean sometidos a un examen de control de confianza, que incluiría una prueba de polígrafo.
La iniciativa contempla otros documentos y declaraciones, entre ellos una declaración de ausencia de conflicto de interés y una constancia que acredite que el candidato no cuenta con antecedentes penales.
También se plantea exigir una constancia de no ser deudor alimentario.
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La propuesta busca aplicarse rumbo a las elecciones de 2027
La senadora reconoció que cualquier modificación a las leyes electorales debe cumplir con los tiempos establecidos para evitar cambios de reglas una vez iniciado el proceso electoral.
Por ello, explicó que la iniciativa contempla también una vía alternativa de cara a los comicios de 2027.
La propuesta plantea que instituciones y partidos políticos adopten un protocolo común y voluntario antes de la elección, con el propósito de establecer mecanismos adicionales de revisión de los perfiles de quienes aspiren a una candidatura.
La intención, de acuerdo con Murguía, es establecer filtros que permitan detectar posibles vínculos o antecedentes que representen un riesgo para el ejercicio de un cargo público.
PAN plantea cerrar el paso a delincuentes en cargos de elección popular
La propuesta se presenta en un contexto en el que los partidos políticos han planteado distintas medidas para impedir que personas vinculadas con actividades delictivas puedan acceder a puestos de elección popular.
Murguía señaló que el protocolo tendría como objetivo cerrar el paso a delincuentes que pretendan obtener cargos de elección popular, mediante mecanismos de revisión aplicados de manera coordinada entre instituciones y partidos.
Sin embargo, al tratarse de una iniciativa legislativa, los requisitos planteados por la senadora todavía no forman parte de las reglas vigentes para las elecciones de 2027.
La propuesta deberá seguir el proceso legislativo correspondiente y, en caso de aprobarse, tendría que ajustarse a las disposiciones constitucionales y electorales aplicables.
Por ahora, el planteamiento pone sobre la mesa una discusión sobre los filtros que deberían cumplir quienes busquen convertirse en representantes populares: desde la revisión de su patrimonio y situación fiscal hasta pruebas toxicológicas, controles de confianza y mecanismos para detectar posibles conflictos de interés.