La diputada Ana Teresa Camarena Gómez presidenta de dicha comisión dijo que el objetivo es analizar la iniciativa de reforma a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, presentada por el grupo parlamentario de Morena.
Por su parte, el diputado Cuauhtémoc Becerra González detalló que el nuevo esquema genera un equilibrio de perfiles de profesionales del derecho, y que también garantiza el funcionamiento de un verdadero servicio civil de carrera.
“Aquí en Guanajuato la constitución establece un sistema para el Supremo tribunal de justicia del Estado que equilibra perfiles internos y externos en la designación de magistrados, promoviendo una mezcla de experiencia y méritos”, dijo.
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Destacó que un sistema de méritos garantiza que las oportunidades de promoción estén abiertas a todos quienes cumplan con los criterios preestablecidos, sin sesgos ni favoritismos.
En tanto, Israel Barrón Durán, secretario general adjunto del Tribunal de Justicia Administrativa, indicó que el servicio civil de carrera, como instrumento para el fortalecimiento de la gestión pública, suponía un tema relevante para las dependencias que conforman la administración pública así como para los organismos autónomos, en cuanto a la designación de magistradas y magistrados que conforman el Tribunal de Justicia Administrativa, consideraba que de ser viable la propuesta se tendría que plantear una reforma integral debido la naturaleza del cargo de los magistrados.
Explicó que de ser procedente, tendría que modificarse la ley orgánica del citado tribunal para establecer mecanismos y requisitos necesarios, a fin de ser considerados.
Así también, la diputada Aurora Gómez Ramírez señaló que la iniciativa busca que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativa tenga la competencia de proponer al Congreso a las personas que asumirán la titularidad de las magistraturas del Tribunal de Justicia Administrativa, derivadas del personal del servicio administrativo de carrera, argumentando como soporte el procedimiento que se realiza para los nombramientos de los Magistrados del Poder Judicial del Estado.
“La iniciativa, al equiparar los nombramientos del poder Judicial bajo un proceso donde el órgano dotado de autonomía pueda tener la misma competencia que el Poder Ejecutivo, rompe con la naturaleza jurídica de los órganos autónomos”, comentó.
Explicó que el simple hecho de que un órgano haya sido creado por mandato del constituyente, no resulta suficiente para considerarlo como otro poder; ya que la diferencia especifica de los tres poderes con los autónomos, está en que éstos, no son incluidos en la estructura orgánica de los poderes tradicionales, por lo que no se les puede equiparar.
Será la comisión será la que determine si la propuesta es viable o se desecha.
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