CDMX, México.- Las reformas a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de una nueva Ley General de Aguas entraron en vigor este viernes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicara el decreto correspondiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con el objetivo de garantizar el derecho humano al agua y devolver a este recurso su carácter de bien estratégico de la nación.
El decreto, difundido el jueves, establece la creación de la Ley General de Aguas y contempla reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. De acuerdo con el gobierno federal, el eje central de esta transformación legal es eliminar la visión mercantilista del agua, que durante años permitió su acaparamiento, sobreexplotación y comercialización en beneficio de unos cuantos, en detrimento de comunidades y pequeños productores.
Los artículos transitorios precisan que el decreto entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y que quedan derogadas todas las disposiciones jurídicas que se opongan a la nueva legislación. Asimismo, se establece que los gastos derivados de la implementación de estas reformas deberán cubrirse con los recursos ya aprobados en los presupuestos de egresos de las dependencias correspondientes, sin crear nuevas cargas presupuestales.
Como parte del proceso de implementación, las entidades federativas deberán armonizar su marco jurídico con la nueva Ley General de Aguas en un plazo máximo de 180 días naturales. En el mismo periodo, deberán emitirse o reformarse los reglamentos derivados de la Ley de Aguas Nacionales. Mientras esto ocurre, continuarán aplicándose las disposiciones vigentes previas al decreto, con excepción de las transmisiones y cambios de uso del agua.
En ese mismo lapso, la llamada Autoridad del Agua deberá emprender acciones concretas para garantizar el derecho humano al agua, la soberanía alimentaria y el desarrollo nacional, objetivos que el gobierno considera centrales de esta reforma. Los trámites que se encuentren pendientes de resolución en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se resolverán conforme a la normatividad vigente al momento de su presentación.
Entre las nuevas atribuciones de la Conagua se encuentra la promoción de una Norma Oficial Mexicana para actualizar los sistemas de medición de volúmenes de aguas nacionales, incorporando tecnologías modernas que permitan un control más preciso y transparente del recurso.
Durante la conferencia matutina del pasado 4 de diciembre, el titular de la Conagua, Efraín Morales López, subrayó que la reforma busca que el agua deje de verse como una mercancía. Afirmó que la mercantilización del recurso provocó acaparamiento, sobreexplotación y un mercado ilegal del que se beneficiaron unos cuantos, mientras muchas comunidades carecen del líquido vital. Añadió que la nueva legislación establece un sistema de concesiones transparente, público y con cero tolerancia a la corrupción, además de reconocer los sistemas comunitarios de gestión del agua.
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En el debate legislativo, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina sostuvo que el centro de esta reforma es la persona y no los grandes acaparadores, al crear un “trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente”, lo que convierte a la ley en una aliada de productores y campesinos. En contraste, la senadora del PAN Verónica Rodríguez Hernández advirtió que la reforma podría abrir la puerta a un uso discrecional del agua por parte del Gobierno federal, al permitirle decidir quién conserva o pierde concesiones, lo que —dijo— representa un riesgo para la democracia, el campo y la seguridad alimentaria.
Entre los cambios más relevantes aprobados destaca la incorporación de un nuevo capítulo para que los delitos contra las aguas nacionales sean perseguidos de oficio, fortaleciendo así el marco legal para la protección y uso responsable de este recurso considerado fundamental para el país.