Guanajuato, Guanajuato.– “Esta propuesta comete el error de cualquier clase de presupuesto: atender lo adjetivo y no lo sustantivo. No pasa el primer semestre de una clase de presupuestación porque la tarea sustantiva del Congreso es otra y tenemos que atenderla de mejor manera”, sentenció en tribuna el diputado panista Juan Carlos Romero Hicks al descalificar el proyecto de Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2027, paquete que finalmente fue avalado en lo general por la mayoría del pleno, con un monto de 927 millones 510 mil 695 pesos.
El legislador de Acción Nacional expuso que, a lo largo de su trayectoria pública, le ha correspondido formular más de veinte presupuestos en tareas ejecutivas y reprochó que el proyecto aprobado sea meramente inercial, carezca de diagnóstico y omita fortalecer áreas sustantivas, como la biblioteca, el archivo histórico, el servicio civil de carrera y un órgano técnico con autonomía para fiscalizar.
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Romero Hicks advirtió, además, sobre un entorno económico crítico para el país y señaló que la deuda nacional creció de 10 a 17 billones de pesos.
“Este país económicamente no pasa el primer semestre del próximo año. A finales de este mes de octubre vienen las revisiones de las calificadoras internacionales. La economía mexicana no está blindada y, por prudencia, tenemos que prever las contingencias”, alertó.
De acuerdo con el dictamen técnico elaborado por la Comisión de Administración, el techo presupuestal aprobado representa un incremento nominal de 31 millones 345 mil 817 pesos frente al gasto autorizado en 2026, lo que equivale a una variación del 3.5%, luego de un debate enfocado en los contratos de software, la renovación de automóviles y el tabulador salarial de los legisladores.
Durante la discusión en lo general, el diputado de Morena Carlos Abraham Ramos Sotomayor expuso cifras del desglose interno del anteproyecto y denunció que, en el rubro de servicios personales, se pretendía un incremento real del 6.9%, al pasar de 560 a 591 millones de pesos.
El legislador morenista desglosó que esos casi 31 millones adicionales se distribuían en 20 millones para la estructura del Congreso y 11 millones para la Auditoría Superior del Estado. Asimismo, con base en las carpetas programáticas, Ramos Sotomayor cuestionó la asignación de 25.4 millones de pesos destinados a sustituir el sistema administrativo y el software institucional, así como una partida de 9.8 millones de pesos para la compra de vehículos oficiales. Argumentó que dichos conceptos carecen de justificación técnica y contravienen la Ley de Disciplina Financiera.
En la misma línea de oposición, la diputada morenista Hades Berenice Aguilar Castillo tomó como referencia el tabulador salarial vigente del Congreso local para señalar que cada diputado percibe 224 mil 437 pesos mensuales brutos, monto que contrastó con los 193 mil 706 pesos brutos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Presidencia de la República.
Al someterse a votación en lo general, la Secretaría de la Mesa Directiva informó que el dictamen obtuvo 25 votos a favor, correspondientes a los grupos parlamentarios de Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano, frente a 10 votos en contra de Morena.
Durante el desahogo de las reservas en lo particular, el coordinador de los diputados del PAN, Jorge Arturo Espadas Galván, presentó una propuesta de modificación respaldada por la recomendación emitida horas antes por el Comité Técnico de Estructuración Salarial del Estado, organismo en el que confluyen los tres poderes.
Espadas Galván explicó que el dictamen original contemplaba un aumento del 4% en todo el tabulador de sueldos, por lo que propuso limitar el incremento al 2% para homologarlo con la recomendación técnica estatal.
Con esta modificación, el capítulo de servicios personales se redujo formalmente a 581 millones 410 mil 695 pesos, sin modificar el techo general del gasto legislativo. La reserva fue aprobada mediante el sistema electrónico, con 33 votos a favor y uno en contra.
En entrevista posterior con reporteros, Espadas Galván reviró a los señalamientos de la bancada morenista sobre las remuneraciones y recursos del Poder Legislativo: “Yo creo que Morena tiene sus puntos de vista, yo los respeto. Yo no veo que ningún diputado rechace las prerrogativas que han evidenciado a nada”, declaró el coordinador panista, quien además cuestionó si la oposición analizó a fondo el dictamen: “Por lo que vi no leyeron, porque no viene ni una sola plaza nueva y ahí en tribuna se dijo que sí”.
Respecto al gasto vehicular, Espadas Galván confirmó que se contemplan alrededor de 9 millones de pesos para sustituir entre 20 y 25 unidades asignadas a áreas operativas y direcciones que ya alcanzaron los 150 mil kilómetros de uso, mientras que sobre los 25.4 millones de pesos para el nuevo sistema administrativo, ofreció que el área técnica del Congreso transparente ante los medios los costos de mercado: “Yo en eso no soy experto, como no sé de temas de mecánica automotriz, pero con total apertura le pediré al personal técnico que les explique qué van a cambiar para que ustedes mismos valoren si está sobrepresupuestado o no”.
Tras la aprobación definitiva del dictamen, la presidencia de la Mesa Directiva ordenó remitir el proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo del Estado por conducto de la Secretaría de Finanzas, con base en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos, a efecto de que se incorpore formalmente a la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Egresos del Estado para 2027. El paquete económico estatal deberá ser devuelto al Congreso a más tardar el 25 de noviembre por la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, para su análisis en comisiones unidas y su votación definitiva en el pleno durante el mes de diciembre.
Congreso de Guanajuato turna a comisión el exhorto al IMSS por falta de medicamentos
La propuesta para exhortar de manera urgente al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a garantizar el abasto de medicamentos y revisar sus instalaciones en Guanajuato fue turnada a la Comisión de Salud Pública, luego de que en el pleno del Congreso del Estado se registraran 22 votos a favor y 13 en contra. El resultado no alcanzó las dos terceras partes requeridas por la ley para su resolución inmediata.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por el diputado de Movimiento Ciudadano, Rodrigo González Zaragoza, a raíz de las inconformidades y manifestaciones de personal médico y de enfermería del IMSS en diversos municipios. El legislador planteó la remoción del director general de la institución, Zoé Robledo Aburto, y contrastó la disponibilidad de fármacos en farmacias privadas con la del sector público.
“¿Por qué en el Doctor Simi uno siempre encuentra la receta que lleva, de lo que sea, y en el Seguro Social no? Debería ser el garante de la salud de las y los mexicanos; para eso se descuentan las cuotas obrero-patronales. Zoé Robledo debe tener los días contados ante la catástrofe que se vive”, declaró González Zaragoza.
A favor de la urgencia del trámite, la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío Cervantes Barba, señaló que, mientras el personal médico nacional demanda mejoras salariales, la Federación eroga 53 mil 569 pesos mensuales por médicos contratados mediante convenios con Cuba.
En tanto, el coordinador priista Alejandro Arias Ávila citó indicadores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que sitúan a México con una inversión de entre el 2.7% y el 3% del producto interno bruto (PIB) en salud, así como una tasa de 150 muertes por cada mil habitantes por causas tratables.
“Que un tren turístico no tenga turistas es malo, pero no mata. Que una refinería no refine es malo, pero no mata. Pero que el sistema de salud de México, ese que dijeron que sería igual que el de Dinamarca, esté colapsado, es malo, muy malo y mata”, declaró Arias Ávila. Además, afirmó que personal de enfermería de clínicas de la entidad adquiere jeringas por cuenta propia para atender a recién nacidos.
Por su parte, el diputado del Partido Verde, Sergio Contreras Guerrero, expuso las modificaciones a la Ley Federal de Derechos en materia de salud, entre las que destacó que las licencias para bancos de sangre pasaron de mil 482 a 17 mil 349 pesos, mientras que los costos de los tratamientos de radioterapia oncológica se ajustaron de 10 mil a 20 mil pesos. Señaló que estos conceptos impactan en los gastos de los pacientes.
En respuesta, la diputada de Morena, Hades Berenice Aguilar Castillo, sostuvo en tribuna que durante administraciones anteriores se descuidó la infraestructura médica y aseguró que el Gobierno federal construyó 34 nuevos hospitales y contrató a 22 mil 400 médicos especialistas.
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“¿Cuántos hospitales se crearon en esos 34 años de gobiernos prianistas? Ninguno. Al contrario, solo saquearon el sistema de salud. Ahora sí vienen a hacer raja política”, expresó Aguilar Castillo.
Desde su curul, el diputado panista Roberto Carlos Terán Ramos expuso cifras de sexenios anteriores y detalló que durante los gobiernos de Vicente Fox se edificaron mil 453 unidades médicas; con Felipe Calderón, 6 mil 911; y con Enrique Peña Nieto, 7 mil 920 centros de salud. Según sus cifras, estas administraciones sumaron más de 16 mil instalaciones en el país. Asimismo, hizo alusión a señalamientos sobre contratos federales vinculados a Amílcar Olán y Andrés López Beltrán.
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