1.- Entre fideicomisos y fondos, la crisis con la IP
No se puede entender la crisis que enfrenta el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo con las cúpulas empresariales y la iniciativa privada, sin considerar tres necesidades clave que, en los hechos, ha demostrado que son medulares para desplegar su política de desarrollo. Es la necesidad de autonomía, recursos y orden administrativo.
La administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo heredó una estructura financiera como el Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública para el Estado de Guanajuato (Fidesseg), que hoy se ha vuelto una piedra en el zapato.
Como le hemos narrado, Libia Dennise ha expresado su convicción de tomar decisiones sin la presión de grupos privados. Así lo presumió con la elección del gabinete y así lo ha confirmado con su disposición de extinguir tanto el Fidesseg como los otros fideicomisos con los que operaba Fondos Guanajuato, dos tótems que enmarcan la histórica complacencia entre el gobierno y los privados.
De esta manera se dinamitó una relación política más allá de la pertinencia de las correcciones que se pretenden a este par de mecanismos. La distancia tomada de los empresarios, provocó que estos se agruparan con la organizaciones civiles beneficiarias del Fidesseg, en torno a la lucha por el instrumento bancario que les garantizara poder de decisión sobre una proporción del presupuesto.
El problema es que se creó un mecanismo alterno al ordinario para administrar casi 1 mil 800 millones de pesos anuales, derivados del cobro del impuesto sobre la nómina y la sobretasa del .3 por ciento que para los empresarios es suficiente como para reclamar derechos adquiridos para decidir discrecionalmente el destino y uso de los recursos concedidos a las organizaciones.
Desde hace un par de días la Secretaria del Nuevo Comienzo, Rosario Corona Amador, decidió salir a declarar las anomalías que habría que corregir como el hechos de que las organizaciones civiles no podrán llevar a gasto corriente más del 15 por ciento del apoyo que reciban, o que las postulantes deban presentar sus proyectos ante una plataforma especial creada ex profeso.
La funcionaria estatal expuso que actualmente las organizaciones gastan del recurso que reciben hasta el 55 por ciento en gastos de operación y gasto corriente, “en la comida de los directivos y de fin de año, y que fuera de las reuniones de los niños o situaciones de asesoría jurídica. El gasto corriente no tiene ningún impacto en la gente”, advirtió en diferentes entrevistas.
Expuso que solo se ha bajado recurso a 147 organizaciones de la sociedad civil, cuando hay aproximadamente 1 mil 200; que hubo observaciones de auditorías; que sólo dos organizaciones, Actuando y FE Guanajuato, monopolizaban el destino de los recursos; que el dinero no sirve guardado en el banco.
Por eso no debe extrañar que lo que sería un diálogo terminara en un desencuentro inédito desde que el PAN llegó al gobierno de Guanajuato en 1991.
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2.- Controversia vs Reforma Judicial; causa perdida
Lo dicho. Más allá del gesto político, la controversia constitucional que presentó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo contra la Reforma Judicial a tres minutos de terminar su gestión como gobernador de Guanajuato, tiene casi nulas posibilidades de prosperar, por una razón tan elemental como lógica.
Quien expuso las razones fue nada más ni nada menos que Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que fuera procurador general de Justicia del Distrito Federal, procurador general de la República y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las controversias constitucionales están previstas cuando una entidad federativa o la federación, consideran que hay una invasión de competencia. Decir que esto se da mediante una disposición constitucional carece de fundamento. Todas las facultades que corresponden a los Estados están en la Constitución y estas fueron modificadas o asignarles otras que no tenían.
“Integrar sus tribunales locales mediante el procedimiento de elección popular, es algo que los estados tienen que cumplir como parte de la constitución. Es parte del pacto federal no pueden decir que la Constitución Federal invade facultades de la Constitución local, ese punto de vista no solo jurídico, sino lógico es insostenible”, sentenció el especialista en entrevista radiofónica..
Mismo destino tendría la acción de inconstitucional que por su parte presentó la dirigencia del PAN, al considerar que hay un filo electoral en la decisión. El especialista tampoco le vio fundamento porque no se está modificando el sistema electoral mexicano, sino el sistema de designación de los juzgadores. No procede la acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional.
El experto habló, con el puro sentido común.
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3.- Fedepales en Celaya: costos sobre costos
Una friolera de 340 exagentes de la extinta Policía Federal, estaban ya integrados como policías municipales de Celaya bajo un esquema que poca solidez le dio a una corporación que durante años ha estado asediada por grupos criminales. Sus salarios mejorados, revalidados cada tres meses, sin un compromiso firme.
Ese fue el modelo al que apostó Jesús Rivera Peralta como Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, quien a diferencia de sus reclutas, podría ser reubicado dentro de la estructura estatal. De momento, lo que nos queda es la corporación que dejó, con la mitad de sus elementos con un esquema volátil y transitorio.
Ahora el alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, anunció que contratará un despacho externo para finiquitar a los 340 “fedepales”, un proceso largo que implica la entrega de equipo y baja de registro. La administración municipal tendrá que gastar 30 millones de pesos que afectarán los primeros 100 días del gobierno municipal entrante.
Dentro de este universo de gendarmes, el edil ya ventilaba que muchos dejaron de acudir al trabajo, en un reflejo inequívoco de la inestabilidad institucionalizada. Ahora recalcó que respetará sus derechos sin pedir adelanto de participaciones. Todo lo harán con recursos propios.
Así que serán estas la condiciones que harán preciso que la Guardia Nacional se mantenga en Celaya por tiempo indefinido, mientras se capacitan nuevos cadetes para enfilarse en la policía municipal, un gesto que ya raya en los inusitado para como están las cosas.
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CONTRA RETRATO
Eduardo Maldonado
Él va al conflicto o el conflicto va a él. No bastaron sus intentonas de postularse como figura consagrada del Partido Verde o flamante reclutamiento de Morena, ahora ha causado ruido en el Conalep de San Felipe al reintegrarse como profesor, después de una década para la que pidió licencia en el uso de su plaza.
El plantel del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, en el municipio de San Felipe, despidió a su jefe de Servicios Escolares, Diego Cárdenas, casi en un acto reflejo al regreso de Madonado, precisamente por eso las sospechas se elevaron al grado de que personal de la institución colocó pancartas en las instalaciones para manifestar su desacuerdo con la determinación.
La situación ha generado el desacuerdo de trabajadores que colocaron pancartas en las instalaciones, tras el despido del jefe de Servicios Escolares, para otorgársela al ex presidente municipal. Por ello, la reincorporación de la persona en cuestión responde al pleno respeto de sus derechos laborales, conforme a la normatividad vigente y aplicable al sistema.
Según dijeron, tras haber ejercido su licencia, ha retomado su puesto laboral en total apego a las leyes que rigen el funcionamiento de nuestra institución. De cualquier manera se mantiene un diálogo abierto, aunque la señal haya sido pésima al dar de baja a un profesor calificado.
Es así que Eduardo Maldonado termina su aventura política, con un modesto regreso a su cargo dentro del Conalep. Un tragicómico caso donde se demuestra el poder de las redes sociales en una sociedad como la de San Felipe.