San José de Iturbide, Guanajuato.- El gobierno local de San José de Iturbide ha puesto en marcha una nueva convocatoria dirigida a personas adultas mayores interesadas en tramitar su visa estadounidense para reunirse con hijos migrantes, ahora mediante un esquema de gestión a cargo de una asociación legalmente acreditada y con aval estatal y federal.
Esto ocurre después de que, el pasado 10 de julio de 2025, más de 100 adultos mayores del municipio denunciaron por correo haber sido víctimas de fraude para la obtención de visas del programa Mineros de Plata, pues entregaron alrededor de 1.5 millones de pesos a quien fungía entonces como titular de la dependencia de Atención de Migrantes, Karina Alejandra Pichardo Montes.
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En entrevista, Manuel Montes de la Vega, presidente municipal, mencionó que la nueva convocatoria, lanzada en enero pasado a través de la Oficina de Atención a Migrantes, avanza con buena respuesta y bajo un nuevo modelo operativo.
Se está trabajando con una nueva asociación que cuenta con reconocimiento a nivel estatal, nacional e internacional, con el objetivo de evitar problemas para los adultos mayores y garantizar que puedan obtener su visa una vez que cumplan con los requisitos solicitados.
Montes de la Vega subrayó que la asociación responsable en esta ocasión no forma parte de la estructura del gobierno municipal; sin embargo, cuenta con las facilidades institucionales para operar con la dirección de Migrantes, al estar debidamente acreditada, lo que brinda certeza a los adultos mayores.
El nuevo esquema cuenta con el aval tanto del gobierno estatal como del federal, además de que no existe un número límite de visas a gestionar, pues la programación de citas dependerá de la disponibilidad en los consulados, donde el tiempo de espera puede extenderse incluso por meses, finalizó.
Es de mencionar que, según información de Correo, los más de 100 adultos mayores que se dijeron defraudados en julio de 2025 habían cumplido los requisitos y estaban en espera de cita; sin embargo, surgieron quejas por presuntos cobros sin comprobante, falta de pagos ante la Embajada y ausencia de resultados.
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Esto obligó al gobierno municipal a reembolsar cerca de 1 millón de pesos por pagos que los aspirantes habían realizado ante la entonces titular de la Oficina de Atención a Migrantes.
Posteriormente, el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se deslindó públicamente de esa estrategia, al precisar que no formaba parte del programa estatal “Mineros de Plata”.
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