Según documentos oficiales enviados a los jueces a cargo de cada caso, el fiscal general estadounidense autorizó expresamente a las fiscalías correspondientes a no buscar la máxima sanción penal, en lo que se interpreta como un intento por alcanzar acuerdos de culpabilidad con los acusados.
Ocio
¿En dónde ver y cuándo ver la nueva serie ‘Alien Earth‘? Este día es el estreno
En una carta dirigida al juez Brian Cogan, quien lleva el caso contra Zambada García en el Distrito Este de Nueva York, el fiscal Joseph Nocella Jr. señaló:
“El Gobierno presenta respetuosamente esta carta para informar al Tribunal y a la defensa que el Fiscal General ha autorizado y ordenado a esta Fiscalía no solicitar la pena de muerte contra el acusado Ismael Zambada García”.
Ocio
¿Es verdad que Céline Dion falleció? Esta es la verdad detrás del rumor
Una misiva similar fue enviada al juez Frederic Block, encargado del caso penal contra Rafael Caro Quintero, donde se indica que tampoco se buscará la pena capital para el fundador del extinto Cártel de Guadalajara.
La decisión llega casi seis meses después de la extradición histórica de 29 presuntos narcotraficantes por parte del Gobierno de México, entre ellos Caro Quintero, detenido en julio de 2022 tras años prófugo. Su traslado a EE.UU., el 27 de febrero de 2025, fue considerado uno de los mayores operativos de cooperación bilateral en materia de justicia.
Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y uno de los capos más escurridizos durante décadas, fue arrestado en territorio estadounidense el 25 de julio de 2024. El operativo tuvo lugar en un aeródromo privado cerca de El Paso, Texas, cuando “El Mayo” llegó en un vuelo privado acompañado por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Fuentes federales señalaron que Guzmán López habría engañado a Zambada bajo el argumento de revisar propiedades en México, para luego entregarlo como parte de un acuerdo secreto con el FBI y la agencia Homeland Security Investigations (HSI).
Tras su captura, Zambada exigió públicamente al Gobierno de México su intervención inmediata, advirtiendo que su extradición violaba la soberanía nacional y podría poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Washington. Sin embargo, sus llamados no prosperaron, y su defensa ahora explora opciones para reducir una eventual sentencia.
Rafael Caro Quintero, por su parte, enfrenta acusaciones por tráfico internacional de drogas y por su presunta participación en el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985, un caso que marcó un punto de quiebre en la relación entre ambos países.
El retiro de la pena de muerte como posible castigo abre la puerta a negociaciones legales que podrían acelerar los procesos judiciales y evitar largos juicios con repercusiones internacionales. Por ahora, tanto Zambada como Caro Quintero permanecen bajo estrictas medidas de seguridad en centros de detención federales.