La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista de sancionados a empresarios, presuntos operadores del cártel y compañías vinculadas con los sectores de la construcción, el transporte de carga, los combustibles y las carreras de caballos.
Entre las personas señaladas se encuentran Gamaliel Garza García, Gamaliel Garza Elías, Pablo César Guajardo Álvarez, alias “Takia”, y Francisco Javier Inzunza Partida.
El Tesoro sostiene que el Cártel del Noreste tiene su principal zona de influencia en la frontera con Laredo, Texas, y acusa a la organización de infiltrarse en gobiernos locales mexicanos para influir en la asignación de contratos públicos y en procesos electorales regionales. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de las autoridades estadounidenses.
¿Qué empresas fueron sancionadas por Estados Unidos?

Las sanciones alcanzan a empresas que, de acuerdo con el Tesoro, forman parte de una red comercial presuntamente utilizada para canalizar recursos, obtener contratos públicos y respaldar las operaciones del Cártel del Noreste.
Entre las compañías incluidas en la medida se encuentran:
- Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), dedicada a la construcción.
- Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), proveedora de materiales para obras.
- Construaceros del Fuerte, empresa del sector de la construcción.
- Inova NLD Desarrollos Inmobiliarios, dedicada al desarrollo inmobiliario.
- Distribuidora de Gas Económico, vinculada con la comercialización de combustibles.
- Gas Energía Confiable, empresa del sector energético.
- Propane Trading Group, relacionada con el comercio de gas.
- Transportadora de Gas de Nuevo Laredo, dedicada al transporte y distribución de gas.
- Tamex Logistics, también identificada como Tamex Leasing, empresa de transporte terrestre.
- Club La Molienda, recinto de carreras de caballos, restaurante y bar.
- Cuadra San Dibanh, vinculada con la crianza y las carreras de caballos.
La OFAC sostiene que estas entidades tienen distintos vínculos con los empresarios y operadores señalados, y que algunas habrían sido utilizadas para respaldar las actividades financieras del grupo criminal.
¿Cómo operaría la red empresarial de los Garza García y Garza Elías?

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Gamaliel Garza García es un empresario mexicano señalado como asociado del Cártel del Noreste, con intereses en la construcción y las carreras de caballos.
Las autoridades estadounidenses afirman que Garza García participa en competencias hípicas en México y Estados Unidos, y que sus ejemplares compiten con frecuencia en La Molienda, un hipódromo que el gobierno estadounidense identifica como controlado por el cártel.
El Tesoro también acusa a Garza García de utilizar su empresa CEGESA para canalizar dinero hacia campañas de candidatos políticos favorecidos por la organización criminal. Asimismo, sostiene que la compañía obtuvo contratos gubernamentales de manera corrupta, incluidos proyectos relacionados con el municipio de Nuevo Laredo y el gobierno de Tamaulipas.
Según la investigación estadounidense, CEGESA subcontrataba trabajos y recurría a COPASA para el suministro de materiales de construcción. Esta relación comercial habría permitido integrar distintas etapas de los proyectos y, presuntamente, facilitar la participación de personas vinculadas con el grupo criminal.
Las autoridades también identificaron otras empresas relacionadas con Garza García, dedicadas a la construcción, el desarrollo inmobiliario y la comercialización de combustibles. La OFAC las incorporó a su lista de sanciones por los vínculos que atribuye al empresario y a su red comercial.
¿Qué papel habría desempeñado Gamaliel Garza Elías?

Gamaliel Garza Elías, hijo de Garza García, también fue incluido en las sanciones. El Departamento del Tesoro sostiene que participaba en las operaciones cotidianas de CEGESA y que habría entregado dinero en efectivo para financiar campañas políticas de candidatos favorecidos por el Cártel del Noreste.
La designación de ambos busca afectar, según Washington, los mecanismos empresariales que presuntamente permiten al grupo criminal obtener recursos y extender su influencia más allá de las actividades ilícitas tradicionales.
Los señalamientos sobre el financiamiento político y la obtención de contratos públicos corresponden a la investigación estadounidense y no deben interpretarse, por sí solos, como una resolución judicial definitiva sobre cada acusación.
