Guanajuato, Gto.- El PRI presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a reforzar los operativos de inteligencia y vigilancia en carreteras federales, con especial atención al uso de inhibidores de señal durante robos al autotransporte.
La propuesta también plantea que la Guardia Nacional implemente protocolos tecnológicos que permitan detectar y neutralizar estos dispositivos en tiempo real, además de capacitar a sus elementos en su identificación y manejo. Asimismo, solicita que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes coordine con concesionarios de autopistas y empresas de logística el uso de tecnologías resistentes a interferencias y protocolos de emergencia alternos.
La diputada priista Rocío Cervantes Barba advirtió que la falta de coordinación entre niveles de gobierno, la debilidad del sistema de justicia y la impunidad han facilitado la infiltración del crimen organizado en espacios que antes eran considerados seguros. Señaló que las redes criminales ya no operan únicamente en el narcotráfico, sino que se han diversificado hacia delitos como trata de personas, tráfico de armas, ciberdelincuencia, robo de autopartes, delitos ambientales, contrabando y extorsión.
En Guanajuato, dijo, los grupos delictivos han adoptado “tácticas sofisticadas”, como el uso de inhibidores de señal para bloquear rastreadores GPS y comunicaciones en robos a transportistas. Recordó que durante el segundo trimestre de 2025 el estado ocupó el tercer lugar nacional en robos de carga y el segundo en sustracción de metales como acero, aluminio y cobre.
Estas cifras, añadió, han provocado un aumento de hasta 20 % en las primas de seguro, escasez de choferes dispuestos a cubrir rutas de alto riesgo, incremento en los precios al consumidor final y pérdida de competitividad de Guanajuato como centro logístico en el Bajío.
De acuerdo con Cervantes Barba, en el primer trimestre de 2025 la entidad concentró más del 11 % de los robos a transporte de carga en todo el país. Los municipios más afectados son Apaseo el Grande, con el 22 % de los casos; Celaya, con 13 %; Juventino Rosas, con 12 %; y León, con 11 %.
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La legisladora insistió en que el robo al autotransporte es una amenaza creciente para la seguridad pública, la economía regional y la integridad de los operadores. Su propuesta será canalizada a la Comisión de Seguridad Pública.
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