Salamanca, Gto.- Tras el ataque armado al anexo ubicado en la avenida Cazadora, que dejó cuatro hombres lesionados, el presidente de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce, informó que dicho centro no pertenece a su agrupación. Por ello, urgió a revisar las condiciones en que operan todos estos espacios y verificar que las personas que ofrecen el servicio estén capacitadas para atender a la población con adicciones.
Destacó que en el municipio de Salamanca existen poco más de 65 centros de rehabilitación, pero el Ayuntamiento solo tiene localizados 45, y de estos únicamente siete cuentan con permiso de uso de suelo. Subrayó que este permiso no implica reconocimiento ni certificación para tratar adicciones, pues entre los requisitos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) se encuentra contar con un médico al menos ocho horas diarias, lo que no todos cumplen.
El representante de la CRUB señaló que, como agrupación, solo han sostenido una reunión con el presidente municipal, César Prieto, y no se ha dado seguimiento. Explicó que, al igual que en otros municipios, existen centros que se anuncian con propaganda atractiva y prometen tratamientos completos, pero la realidad es distinta. Más allá de regularizarlos, las autoridades deben acercarse a quienes ofrecen el servicio y verificar que estén en condiciones adecuadas para brindar rehabilitación antes de otorgarles permiso de operación.
Pérez Ponce añadió que el centro atacado a balazos fue señalado previamente por la organización, al igual que otros que han sufrido agresiones similares, con el fin de prevenir hechos violentos que han dejado muertos y heridos. Aclaró que, aunque algunos de estos establecimientos cuentan con permisos, los responsables deben ser personas aptas y certificadas para ofrecer el servicio.
Seguridad
Ataque armado en anexo de Salamanca deja cuatro heridos
Precisó que los encargados de los centros afiliados a la unión estatal son consejeros en adicciones con certificación. “Lo primero que se debe hacer es un estudio de las personas responsables de los centros, revisar que realmente busquen la rehabilitación de los jóvenes de Guanajuato y no desestimar las denuncias, porque al no atenderlas ocurren tragedias como la del anexo de Salamanca”, declaró.
“El mínimo esfuerzo que debería realizar la policía municipal, por ser preventiva, es visitarlos y revisarlos; pero, desafortunadamente, omiten hacer su trabajo y ocurren estos ataques armados”, agregó.
Recordó que, desde los primeros ataques en Abasolo, Pénjamo e Irapuato —donde murieron 27 personas en el lugar y siete más en hospitales—, se denunció que algunos involucrados se dedicaban a robar el tren, pero las autoridades no investigaron y los ataques continuaron, incluso en otros anexos de Salamanca.
El líder de la CRUB lamentó que la gobernadora del Estado, Libia García Muñoz Ledo, no haya concretado una reunión con los representantes de los centros de rehabilitación. Aunque se han fijado fechas, estas se han pospuesto y cada centro opera como puede, pese al crecimiento de las adicciones. “Ahora hay menores de menos de 10 años que requieren rehabilitación porque ya consumen cristal”, advirtió.
Finalmente, recordó que en los 180 centros de rehabilitación adheridos a la CRUB se atienden más de ocho mil personas, y estimó que en el estado existen más de tres mil anexos operando en colonias y comunidades.