Ciudad de México, México.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos activó el pasado 25 de junio una sanción bajo la Ley Fend Off Fentanyl, mediante la cual prohíbe realizar transferencias financieras a tres instituciones mexicanas: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. La medida, que responde a presuntos vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico, ha generado preocupación en el sector financiero mexicano, aunque especialistas advierten que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos.

De acuerdo con el comunicado del gobierno estadounidense, estas entidades habrían facilitado transferencias de recursos vinculadas a redes internacionales del tráfico de fentanilo. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas evidencias concluyentes que sustenten tales señalamientos.
“No hay pruebas claras”: especialistas critican la sanción
Michel Levien, abogado especializado en temas de anticorrupción y combate al lavado de dinero, cuestionó la solidez de la acusación.
“Gran parte de las supuestas transferencias hacia China forman parte de operaciones regulares que realizan muchas empresas globales. No se ha demostrado una conexión directa con actividades ilícitas”, sostuvo.
Por su parte, Maribel Vázquez, experta en prevención de lavado, llamó a la calma y criticó la precipitación de las autoridades estadounidenses.

“Lo peor que le puede pasar al sistema financiero mexicano es que se tomen decisiones apresuradas basadas en información poco clara. Esto puede provocar un daño reputacional innecesario”, advirtió.
Ambos expertos coinciden en que, de mantenerse la falta de pruebas sólidas, la medida podría ser más política que técnica, afectando injustamente a instituciones que operan bajo normativas mexicanas estrictas.
¿Qué pasará con los clientes de estas instituciones?
A pesar del revuelo causado por el anuncio, las operaciones nacionales con CIBanco, Intercam y Vector seguirán funcionando con normalidad, al menos por ahora. Las restricciones impuestas por el Departamento del Tesoro solo aplican para operaciones con destino o intermediación en Estados Unidos.
“Los clientes que realizan únicamente transferencias locales dentro de México no deberían verse afectados”, explicó Levien. “El problema puede surgir si hay vínculos o pagos hacia bancos o entidades en territorio estadounidense, donde la sanción impide la operación”.
Sin embargo, la medida sí genera incertidumbre para empresas mexicanas con operaciones internacionales, especialmente aquellas que requieren financiamiento, inversiones o pagos transfronterizos en dólares.

Impacto potencial en el sistema financiero
La sanción estadounidense llega en un momento de especial sensibilidad para el sistema bancario mexicano. Un retiro masivo de fondos de cualquiera de las instituciones afectadas podría generar efectos en cadena, poniendo en riesgo la estabilidad del sistema financiero si no se actúa con prudencia.
Especialistas han solicitado al Gobierno de México emitir una postura clara, exigir transparencia en las pruebas y, en su caso, emprender una defensa jurídica internacional.