Guanajuato, Guanajuato.- Los anexos no son blanco solamente de ataques armados, también sufren extorsión en Guanajuato. Desde hace tres meses a la fecha, tres centros de Irapuato y Silao cerraron por este motivo: les exigían 40 mil pesos semanales para que siguieran operando. Un total de 130 personas interrumpieron sus tratamientos para combatir las adicciones.
“Ya tenemos amenazas presenciales, extorsiones que se han registrado en los últimos meses. Esto ha pasado en centros de León, Irapuato, Celaya y Silao”, informó el presidente del Centro de Rehabilitación Unidos del Bajío (CRUB), Nicolás Pérez Ponce.
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Desde hace tres meses, dos centros ubicados en Irapuato y uno en Silao cerraron sus puertas. Los responsables entregaron a sus familiares a las 130 personas que atendían con tratamiento para dejar las adicciones.
Pérez Ponce señaló que a los responsables de los centros les exigían 40 mil pesos semanales para que siguieran funcionando. Sin embargo, solo se presentó una denuncia formal a la que no se le dio seguimiento, pues los responsables temen por sus vidas.
“El municipio dijo que esto le correspondía al estado y el estado nos dice que a la federación. Ya nos quedó claro que ellos se avientan la responsabilidad y quienes pagamos las consecuencias somos nosotros”, comentó el titular de CRUB.
Ante la indiferencia de las instancias locales y estatales por atender este tema, que incluye un protocolo de seguridad solicitado desde hace años por los representantes de centros de atención a las adicciones, Pérez Ponce comentó que insistirán con instancias y corporaciones federales.
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“Estamos desamparados todos. Están proliferando redes como las de nosotros, pero no con la misma finalidad. Ya no les interesa tanto la regularización, la recuperación de las personas; hay otros fines, hasta políticos… Ya habíamos llevado una carta al gobierno federal y vamos a reunirnos con la directiva para acordar lo que vamos a realizar”.
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