Irapuato, Guanajuato.- Familiares de Alejandra Carapia Barroso, asesinada el 16 de octubre de 2023, se manifestaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Irapuato para exigir justicia y que el presunto responsable fuera procesado por feminicidio, luego de que fuera localizado en Quintana Roo.
Los familiares acudieron a la Fiscalía mientras esperaban información sobre el traslado del hombre señalado como responsable del asesinato de Alejandra, quien, de acuerdo con sus familiares, era madre de una menor.
El caso permaneció durante casi tres años sin que la familia tuviera certeza sobre el paradero del señalado, hasta que recientemente fue localizado en Quintana Roo, después de que una persona presuntamente lo reconociera y diera aviso a las autoridades.
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“Nos estamos manifestando el día de hoy aquí porque el 16 de octubre de 2023 este fulano mató a mi hermana, José Carlos Vargas Vargas. Fue feminicidio y hace, pues, tres años y apenas lo identificaron en la ciudad de Quintana Roo”, señaló Angélica Carapia, hermana de la víctima.
Explicó que el detenido sería trasladado a Guanajuato para enfrentar el proceso correspondiente, por lo que la familia acudió a las instalaciones de la Fiscalía para pedir que el crimen fuera investigado y juzgado como feminicidio.
La familia también exigió que, en caso de que se acreditara su responsabilidad, se aplicara la máxima sanción contemplada por la ley.
“Nosotros estamos pidiendo la máxima condena, porque, pues, eso no fue un juego. Dejó a niños y familia en la banda”, reclamó Angélica Carapia.
Recordó que, desde que ocurrió el asesinato, acudió a denunciar y solicitó que el caso fuera investigado como feminicidio, debido a las circunstancias en las que Alejandra fue privada de la vida.
“Yo vine a hacer la denuncia, que se hiciera feminicidio porque, pues, fue ahí en la casa. Entonces, ahorita estamos, es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo otra cosa más que se haga justicia”, afirmó Angélica Carapia.
Durante la manifestación, los familiares también expusieron la situación en la que quedaron los hijos de Alejandra después de su asesinato y denunciaron que no habían recibido los apoyos que esperaban por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Según explicó Angélica Carapia, la madre de Alejandra tuvo acercamientos con personal del Ejército y únicamente recibió el seguro de vida, mientras esperaba una resolución respecto a otros beneficios.
“Mi mamá se ha acercado a ellos, nomás les dieron el seguro de vida, y ahorita estaban esperando que les dieran el finiquito”, relató Angélica Carapia.
Sin embargo, posteriormente les informaron que los menores no tendrían derecho a una pensión ni al servicio médico militar. La hermana de Alejandra explicó que la familia esperaba una respuesta hasta el 31 de agosto, pero finalmente les comunicaron que no accederían a estos beneficios debido, según les dijeron, a una situación relacionada con los derechos de los dos militares.
“Ya les dijeron que no alcanzan ni pensión ni el servicio médico del militar. Entonces ya ellos están, pues no tienen nada de ellos”, lamentó Angélica Carapia.
Los manifestantes señalaron que también buscaron apoyo ante instancias de atención a víctimas, pues consideraban que el caso requería seguimiento de las autoridades correspondientes.
Mientras permanecían afuera de la Fiscalía, los familiares esperaban que alguna autoridad les informara sobre el traslado del detenido y les explicara qué ocurriría con el proceso.
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La familia de Alejandra insistió en que no buscaba otra cosa más que justicia y que el asesinato de la mujer no quedara impune, especialmente porque, señalaron, dejó hijos y familiares afectados por su muerte.
“Él no es quién para haber levantado una vida, y más a la madre de su hija”, sostuvo Angélica Carapia, hermana de Alejandra.
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