Durante una conferencia de prensa realizada este lunes, los denunciantes advirtieron que lo ocurrido representa un precedente grave para el Estado de derecho en el país.
“Ya van 92 personas desterradas y en cualquier momento puede ser cualquier otro mexicano que incomode al gobierno”, afirmaron familiares y abogados.
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Los afectados mostraron la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la República (FGR), en la que sostienen que el traslado de sus familiares se realizó sin que existiera un proceso de extradición en curso, ni una solicitud formal por parte de autoridades estadounidenses.
De acuerdo con el documento, tampoco hubo un mandato judicial que autorizara la entrega de los detenidos a otro país, lo que —aseguran— constituye una violación directa a la Constitución mexicana, a las leyes nacionales y a los tratados internacionales firmados por México.
Alegan “destierro” prohibido por la Constitución
Vanessa Guzmán Sánchez, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “el Z-27”, identificado como uno de los líderes de Los Zetas, afirmó que su traslado a Estados Unidos se realizó al margen del debido proceso y vulneró derechos fundamentales como la seguridad jurídica, la defensa adecuada y el principio de legalidad.
“El envío de mi pareja no fue una extradición, fue un destierro, una figura expresamente prohibida por la Constitución. La propia presidenta ha reconocido que se trató de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, particularmente con el Departamento de Justicia, pero nunca se han transparentado sus términos ni se sometieron a control constitucional o legislativo”, señaló.
En la conferencia también estuvo presente Hugo Dionisio Guadalupe, representante legal de Daniel Menera Sierra, entregado en el denominado “tercer envío”, así como Itiel Palacios García, quien fue trasladado a Estados Unidos en febrero de 2025.
Denuncian práctica sistemática y violaciones a derechos humanos
Los abogados subrayaron que este caso no es aislado, sino parte de una práctica sistemática que ha afectado a al menos 92 personas privadas de la libertad, quienes —según dijeron— fueron trasladadas de manera masiva bajo una figura inexistente en la legislación mexicana.
Afirmaron que estas acciones vulneran de forma explícita derechos humanos y civiles, además de sentar un precedente preocupante en la relación bilateral México–Estados Unidos, al implicar decisiones soberanas tomadas sin respetar los mecanismos formales de cooperación internacional ni los tratados vigentes en materia de extradición y asistencia jurídica.
Ante este escenario, los litigantes no descartaron acudir a instancias de justicia internacional.
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Funcionarios señalados en la denuncia
Además de la presidenta Claudia Sheinbaum, como titular del Consejo de Seguridad Nacional, la denuncia menciona a varios integrantes del gabinete federal, entre ellos:
- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación
- Juan Ramón de la Fuente Ramírez, secretario de Relaciones Exteriores
- General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional
- Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina
- Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana
- Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público
- Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de la República
- Francisco Almazán Barocio, director del Centro Nacional de Inteligencia