Guanajuato, Gto.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato informó que, entre el año 2019 y lo que va de 2026, solo ha brindado atención a 95 mujeres con el parentesco específico de madre de una persona desaparecida. Esta cifra sitúa a la entidad con uno de los registros oficiales más bajos en comparación con otros estados con problemáticas similares, a pesar de la presencia de múltiples colectivos que operan en la región.
Los datos fueron obtenidos a través de una solicitud de transparencia realizada por El Universal, la cual requirió a las 32 fiscalías del país el número de mujeres atendidas bajo el parentesco de “madre” o “mamá”. La respuesta de la fiscalía guanajuatense revela un vacío estadístico significativo, pues el número reportado dista de la realidad que viven las decenas de colectivos de búsqueda que operan en municipios como Irapuato, Salamanca y Celaya.
Opacidad y fallas en el registro de parentesco
El reporte nacional de fiscalías evidencia un problema sistémico de registro. Mientras que Guanajuato reporta menos de cien casos, 19 entidades del país admitieron que ni siquiera solicitan el parentesco al momento de iniciar una carpeta de investigación o levantar una denuncia.
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Esta falta de desagregación en las estadísticas impide dimensionar la magnitud real del movimiento de madres buscadoras. En contraste con los números de Guanajuato, otras entidades reportan cifras significativamente más altas, como:
- Tamaulipas: 3,454 madres atendidas.
- Chiapas: 2,321 madres.
- Aguascalientes: 1,537 madres.
Guanajuato: Un escenario de alto riesgo para las buscadoras
El bajo número de “atenciones oficiales” reportado por la FGE contrasta con el peligroso entorno que enfrentan las familias. Guanajuato se ha consolidado como uno de los estados más letales para quienes realizan labores de búsqueda.
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De acuerdo con informes de Amnistía Internacional, en los últimos años se han documentado al menos tres asesinatos de buscadoras en la entidad, destacando casos como el de Lorenza Cano, desaparecida en Salamanca en 2024 tras un ataque armado en su hogar, y Catalina Vargas, quien sufrió amenazas previas a su desaparición en 2023.
El panorama nacional
A nivel federal, México enfrenta una crisis humanitaria con más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas. A pesar de que las fiscalías locales reportan el inicio de más de 25,111 búsquedas por parte de madres desde 2019, colectivos y organismos internacionales como la ONU han denunciado omisiones graves:
- Violencia sistemática: El 97% de las mujeres buscadoras reportan haber sufrido violencia derivada de su labor (amenazas, acoso o ataques físicos).
- Crisis forense: Existen más de 72,000 cuerpos sin identificar en todo el país.
- Intervención internacional: El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó recientemente mecanismos de investigación en México ante indicios de desapariciones forzadas generalizadas.
Mientras las autoridades estatales mantienen registros que parecen minimizar la participación de las familias, en el país han surgido más de 234 colectivos de búsqueda, conformados mayoritariamente por mujeres que, ante la inacción institucional, han tomado las palas y los registros en sus propias manos.
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