De acuerdo con las indagatorias, el mandatario, emanado de Movimiento Ciudadano, habría utilizado el despacho familiar Firma Jurídica y Fiscal como eje central para captar fondos provenientes de dependencias estatales y redirigirlos en beneficio de su círculo cercano.
El papel del despacho familiar
La firma legal, vinculada directamente con la familia del gobernador, es señalada como la estructura a través de la cual se canalizaban los recursos. Entre sus principales accionistas figuran su padre, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal.
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Según la investigación, el despacho habría recibido transferencias desde distintas áreas del gobierno estatal, consolidando los recursos antes de dispersarlos a otras empresas.
Empresas y flujo de recursos
El esquema, según las autoridades, se alimentaba de al menos cuatro fuentes públicas y contaba con la participación de diversas compañías, entre ellas Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, Txat Latam y FERRO & MENDEZ, así como entes como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad y proyectos de infraestructura como el Acueducto El Cuchillo.
Una vez concentrados los fondos en Firma Jurídica y Fiscal, estos eran enviados principalmente a la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, a la que se habrían transferido más de mil millones de pesos.
Presunto lavado y triangulación internacional
Las autoridades federales señalan que, posteriormente, el dinero era trasladado a distintas jurisdicciones, incluyendo Estados Unidos, con el objetivo de dificultar su rastreo y ocultar su origen, lo que configuraría un posible esquema de lavado de dinero.
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Hasta ahora, la Fiscalía General de la República continúa con las diligencias para esclarecer los hechos, identificar responsabilidades y determinar si existen delitos que puedan ser judicializados.
El caso se mantiene en etapa de investigación, por lo que aún no se han definido posibles cargos formales contra el mandatario o los implicados.