Ciudad de México, México.- Las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos del Senado aprobaron ayer, con 20 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y la Ley General de Población. El objetivo es reforzar la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Sin embargo, la oposición denunció que las medidas permitirán al Gobierno acceder a datos sobre compras, hospedajes y geolocalización en tiempo real, mediante la CURP biométrica.
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¿Qué incluye la reforma?
- CURP Biométrica: la Clave Única de Registro de Población incorporará huellas dactilares y fotografía, convirtiéndose en documento obligatorio de identificación física y digital.
- Plataforma Única de Identidad: base centralizada que integrará el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos, con monitoreo en tiempo real de la CURP.
- Interconexión con bases privadas y públicas: la plataforma tendrá acceso a datos de servicios financieros, telecomunicaciones, salud, transporte, paquetería y más, para facilitar la búsqueda.
Denuncias de vigilancia masiva
Senadores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que estas medidas instauran un “gobierno espía”:
Ricardo Anaya (PAN) acusó al bloque oficialista de utilizar el curul para crear un mecanismo de vigilancia generalizada, con acceso a compras, geolocalización y movimientos personales.
Néstor Camarillo (PRI) exigió un parlamento abierto y advirtió sobre los riesgos de que la plataforma se use para control político.
Alejandra Barrales (MC) alertó sobre cómo esta plataforma podría vulnerar libertades fundamentales y operaría bajo un esquema de vigilancia sin protección efectiva de datos.
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Defensa oficialista
Margarita Valdez (Morena) defendió el dictamen argumentando que los adversarios temen el efecto electoral de la base de datos: “es un miedo político, no social”.
Pável Jarero (Morena) resaltó que ya existe una recopilación masiva de datos por aplicaciones, y que no puede negarse a aplicar esa información para localizar desaparecidos.
Manuel Huerta (Morena) afirmó que concentra capacidades dispersas de reconocimiento e identificación, y rechazó que se trate de vigilancia como la del caso Pegasus.
Críticas de colectivos y expertos
Más de 100 colectivos de búsqueda y familiares de desaparecidos han rechazado la reforma, argumentando que no atiende la emergencia humanitaria ni fortalece instituciones clave. Denuncian que la plataforma desplaza sus propuestas y expone datos sensibles a uso elitista. Asimismo, advierten que no se asignaron recursos suficientes al nuevo Centro de Identificación Humana, y que persiste la falta de profesionalización del sistema forense.