1.- Guanajuato: entre obras y asambleas, avanza Morena
Hay una clara determinación del gobierno federal por asegurar presencia en Guanajuato. Las visitas recientes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los anuncios de grandes proyectos de infraestructura son la parte más visible y que le han ganado reconocimiento. Sin embargo, también existen movimientos menos perceptibles, pero bien estructurados desde el territorio.
Un ejemplo son las Asambleas de Mujeres “Voces por la Igualdad y contra las Violencias”, que están por concluir en el estado. En total serán 32, iniciadas desde julio, con el objetivo formal de escuchar a las mujeres, ser un espacio seguro, pero con un trasfondo político evidente: crear y consolidar estructuras en comunidades y municipios.
Resulta significativo que el propio gobierno estatal, al parecer obligado por los convenios con la Secretaría de las Mujeres federal, junto con los municipios, sea el encargado de montar estos eventos: sillas, sonido, comida, escenario. Todo corre por cuenta de las autoridades locales, mientras que funcionarias de la Secretaría de las Mujeres del gobierno federal llegan únicamente a conducir los encuentros. En los hechos, se les tiende la cama.
La estrategia avanza en varios frentes. Apenas el sábado pasado se acordó que la Sección 13 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) distribuirá entre maestras y madres de familia la llamada Cartilla de las Mujeres, documento que combina mensajes de prevención y atención de violencias con elogios a la presidenta y a los programas sociales.
Si bien la herramienta busca incidir en la atención a mujeres, es imposible ignorar que forma parte de la penetración territorial de la Cuarta Transformación. No es casual que Guanajuato, donde Sheinbaum enfrenta sus peores niveles de aprobación —71.2% según Demoscopia, el más bajo del país—, se haya convertido en prioridad para encumbrar su figura.
La estrategia es clara: grandes proyectos de infraestructura necesarios, un discurso sin confrontación directa con el gobierno estatal —que no funcionó en el sexenio anterior— y, en paralelo, trabajo fino en territorio. Morena avanza en Guanajuato, y en el PAN debe tener las alarmas encendidas.
2.- Arrendamiento en Irapuato y la polémica de fondo
En Irapuato se aprobó el arrendamiento de 66 vehículos para tareas de seguridad, entre ellos dos camionetas blindadas y tres ambulancias, por 170 millones de pesos a un plazo de tres años. El proceso estuvo rodeado de señalamientos por posibles irregularidades y por las dudas sobre la pertinencia de este modelo frente a la compra directa.
Hoy, Periódico Correo expone que se trata de un esquema ya aplicado en distintos puntos del país. En la mayoría de los casos se han reportado ahorros por gobiernos municipales o estatales, sobre todo al liberar a los gobiernos del costo del mantenimiento, reparación o sustitución de unidades cuya vida útil promedio ronda los cinco años.
En el caso de Irapuato, la presidenta municipal Lorena Alfaro García defendió el arrendamiento bajo esos mismos argumentos: evitar desembolsar de golpe el total y reducir la presión financiera sobre el municipio. Y sí, para eso sirve este esquema. Pero también cabría preguntar qué tan sanas son las finanzas del municipio, y es que este mecanismo funciona como especie de válvula para evitar una descapitalización o se tengan proyecciones de que se vería demasiado comprometida la administración con la compra directa.
El tope inicial de la licitación fue de 198 millones y finalmente se erogarán 170 millones, lo que ya representa un ahorro respecto de la proyección inicial. El gobierno local estima que, con el arrendamiento en lugar de la compra, se economizarán 17 millones de pesos.
El modelo no es por sí solo el problema —ha sido eficaz en otras ciudades, incluida la capital con Claudia Sheinbaum y replicado por Clara Brugada—, sino el tufo de posibles arreglos.
La empresa ganadora, Transporte Empresarial del Bajío (TEB), apenas el 6 de junio amplió su objeto social para poder “celebrar toda clase de contratos de arrendamiento con Autoridades de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal (…) respecto de cualquier tipo de vehículos de motor”. Un mes después, el secretario de Seguridad, Ricardo Benavides, solicitó recursos para el arrendamiento. Si parece pato, camina como pato…
3.- San Miguel de Allende frena aumento al transporte público… por ahora
El gobierno municipal de San Miguel de Allende rechazó el aumento de dos pesos al transporte público. La mayoría de los regidores consideró inviable autorizarlo mientras los concesionarios no cumplan con los compromisos de renovar y mejorar las unidades, hoy obsoletas y visiblemente deterioradas.
El alcalde Mauricio Trejo Pureco devolvió el dictamen a mesa de trabajo con regidores, aunque adelantó que el incremento llegará tarde o temprano: está sustentado en un estudio técnico, pero no puede condicionarse únicamente a lo que planteen los concesionarios, cuando en los hechos no hay señales de mejora.
Entre las voces más críticas, el regidor morenista Óscar Omar Cortés enlistó deficiencias graves: “es imposible aprobar el aumento cuando no tenemos choferes certificados; cuando algunos manejan con imprudencia; cuando circulan camiones con hoyos, que expulsan humo”.
Trejo reconoció que el tema se ha convertido en un círculo vicioso: los concesionarios exigen tarifa más alta para mejorar el servicio, pero desde el último ajuste en 2016 no han cumplido. Esta vez, el municipio al menos trazó una postura clara, que no habrá aumento sin pruebas palpables de mejora, no solo en las unidades, también en la conducción y en la atención a usuarios.
La regidora Diana Carmín Lino lo resumió de forma clara: “la ciudadanía no se merece ese servicio, y menos en San Miguel de Allende, que presume ser la mejor ciudad del mundo”. En efecto, esta ciudad Patrimonio no puede seguir manteniendo un servicio de tercera. El gobierno municipal ya dio señales de que va el aumento, pero no estará a contentillo de los concesionarios. Deben cumplir.
Contra Retrato
Edmundo Jacobo Molina
El exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral estuvo en la ciudad de León para impulsar la agenda de Somos México, una de las 80 organizaciones que busca convertirse en partido político.
En Guanajuato, su presencia ha sido limitada. Será hasta octubre y noviembre cuando realicen 11 asambleas distritales en municipios como León, Silao, Celaya, Guanajuato capital, San Francisco del Rincón y San Miguel de Allende. Aún quedan cuatro distritos pendientes.
Molina sostiene que la oposición en México no ha estado a la altura para enfrentar a Morena. Aunque no descarta sumar liderazgos de otros partidos. No será extraño ver a azules por ahí. Sin embargo, insiste en que la intención es empoderar perfiles ciudadanos y no ofrecer un nuevo trampolín a los de siempre.
Van lentos. Para obtener su registro, el INE exige 200 asambleas distritales con al menos 300 ciudadano cada una, además de reunir 256 mil 30 afiliados. Somos México apenas suma 99 asambleas y alrededor de 70 mil firmas. El plazo vence en febrero, y el avance luce insuficiente.
La escena política local también arrojó señales. Afuera del evento apareció Alberto Cifuentes Negrete. Aseguró que solo acudió a saludar a Jacobo Molina y negó haberse sumado, aunque ha participado en actividades previas de la organización y mantiene diálogo: ¿Será que pronto lo veremos cambiar el azul por el rosa? En el Nuevo Comienzo no encontró espacio, y respecto al PAN, fue tajante: el partido se ha enredado en luchas internas y ha perdido fuerza como oposición real.