Guanajuato, Gto.- La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un exhorto para que el Poder Ejecutivo estatal ordene operativos inmediatos y permanentes contra el transporte ejecutivo que opera fuera de la ley, mientras transportistas señalaron una presunta red de corrupción que permite estas irregularidades.
Durante su intervención, la legisladora advirtió que el sistema de transporte en la entidad atraviesa un escenario de deterioro, inseguridad y desigualdad, señalando que aunque la Ley de Movilidad es clara al diferenciar el servicio público del servicio privado por plataforma, en la práctica la distinción ha desaparecido debido a que se ven vehículos de plataforma haciendo sitio y levantando pasaje en la calle sin cumplir las mismas reglas que los taxistas.
Tiscareño enfatizó que esta simulación rompe la legalidad, genera competencia desleal y pone en riesgo a los usuarios al perderse la trazabilidad de los viajes, además de calificar a la plataforma estatal SIGO como inoperante y obsoleta para los operadores.

Taxistas de Guanajuato denuncian red de sobornos
Tras la sesión, operadores de taxi presentes en el recinto denunciaron, en un reunión en el lobby del congreso del estado con los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, que el incumplimiento de la ley no es una simple omisión, sino el resultado de una corrupción completa donde supuestamente se cobran cuotas de hasta mil pesos por vehículo para permitirles operar de forma irregular.
Los transportistas afirmaron contar con evidencias contundentes como videos y números de cuenta donde se depositaban estos sobornos, señalando que mientras el Gobierno reciba esas cantidades de dinero no habrá una actuación real.
Los manifestantes recordaron que la actual Gobernadora conoce el tema desde su paso por la Secretaría de Gobierno y exigieron que se deje de dar atole con el dedo al gremio, pues consideran que la ley es perfecta pero las autoridades solo la aplican de un lado.

Finalmente, el exhorto plantea reforzar de manera inmediata las acciones de inspección y vigilancia para garantizar que cada modalidad opere bajo sus restricciones correspondientes, mientras los transportistas se preparan para una reunión con las autoridades de Movilidad donde presentarán las pruebas de la corrupción que, según acusan, quema a todo el departamento.
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