Guanajuato, Guanajuato.- Los estados de la región Centro-Occidente, incluyendo a Guanajuato, se comprometieron a instalar inhibidores de señal telefónica y a realizar operativos de revisión y decomiso de teléfonos celulares dentro de sus centros penitenciarios, con el fin de evitar las llamadas de extorsión hacia el resto del país.

El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, informó que este acuerdo fue tomado durante la cuarta reunión regional de seguridad, llevada a cabo en Nayarit este miércoles, en la que participaron autoridades federales y siete gobernadores de los estados de la zona Centro-Occidente, entre ellos Libia Dennise García. La gobernadora señaló que se tiene detectado que esta modalidad delictiva proviene en un 80 % del interior de los penales.

Las autoridades regionales acordaron frenar extorsiones desde penales. Foto: Archivo

“Es un fenómeno nacional, y algo que pidió la gobernadora. El 80 % de las llamadas de extorsión vienen de otros estados, de Tamaulipas y del Estado de México. Lo que se logró ayer fue un acuerdo para instalar inhibidores de señal y reducir estas llamadas. Queda como un compromiso, y lo más valioso es seguir haciendo revisiones (…). Es otra parte que pidieron los gobernadores: revisar estos espacios para que no haya celulares ni posibilidad de que se comuniquen al exterior”, declaró.

El secretario afirmó que, en el caso de Guanajuato, los inhibidores de señal están instalados desde hace dos años, además de que se realizan operativos de revisión en los Centros de Readaptación Social, con apoyo del Ejército, así como monitoreos para constatar que los inhibidores funcionen correctamente.

En Guanajuato operan desde hace dos años equipos contra llamadas ilegales. Foto: Archivo

El combate a la extorsión dentro del estado, junto con los acuerdos tomados durante la reunión regional, fueron abordados en la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia del municipio de León. En ese espacio, las autoridades estatales resaltaron que, tras la creación del escuadrón antiextorsión, se han atendido más de 600 casos, evitando un pago acumulado de 35.4 millones de pesos.

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