1.- Guanajuato y el desplazamiento forzado gota a gota
El desplazamiento forzado interno en Guanajuato existe, aunque siga siendo tratado como una exageración discursiva. Lo confirman los pocos datos oficiales disponibles y también la investigación académica. El Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI registró que al menos 5,471 personas dejaron sus municipios por causas vinculadas a la inseguridad o la violencia. Para 2023, el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó que la cifra real superaba las 6 mil personas.
El patrón territorial no es casual. Entre los municipios expulsores destacan aquellos donde se disputa el control criminal entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación, como Celaya, Villagrán, Irapuato, Salamanca, Valle de Santiago o incluso Apaseo el Grande. A ellos se suma León, donde el grupo de origen jalisciense mantiene una pugna contra organizaciones locales.
El desplazamiento forzado interno tiene una dificultad para ser documentado: no cruza fronteras internacionales. Ocurre dentro del mismo estado o hacia entidades vecinas, lo que lo vuelve menos visible y políticamente más cómodo de ignorar. Que sea poco medido no significa que no exista. A finales de 2023, el entonces comisionado ejecutivo de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón, reconoció que se habían otorgado al menos 30 apoyos a personas desplazadas por riesgo a su vida. Del nuevo titular, Francisco Javier Juárez León, aún se desconoce cómo asumirá un fenómeno que requiere ser visto y enfrentado.
La investigación académica refuerza esta lectura. En el artículo “Desplazamiento Forzado Interno (DFI) como represalia por la búsqueda en Guanajuato”, de Raymundo Sandoval Bautista, incluido en el libro “Desplazamiento forzado interno y violencias en México”, se describe el fenómeno como un proceso de “gota a gota”, es decir, persona a persona o familia a familia, lo que complica su registro sistemático.
El texto documenta además una variante particularmente grave: el desplazamiento como represalia contra quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Se señala que “familias enteras de buscadoras han cambiado de municipio, de entidad federativa e incluso han salido del país por amenazas”, con mayor incidencia en el sur de Guanajuato.
En enero, el obispo de Irapuato, Enrique Díaz Díaz, advirtió públicamente que la violencia estaba obligando a familias a huir de sus comunidades. Su señalamiento fue minimizado por autoridades, lo que termina alimentando la ausencia de datos y deja ver la falta de voluntad política para visibilizarlo.
El desplazamiento forzado interno también se conecta con la migración internacional. Según los Índices de intensidad migratoria México–Estados Unidos del Conapo, Guanajuato es la cuarta entidad con mayor expulsión de migrantes. En la Región Tradicional —donde se ubica el estado—, al menos 4 de cada 10 migrantes dejan su lugar de origen por la violencia. No es descabellado suponer que una parte relevante de la migración actual responde a la misma lógica.
2.- La Feria de León sin números
En ediciones anteriores, desde el Patronato de la Feria Estatal de León se informaba con cierto detalle la afluencia: cifras por fines de semana, cortes parciales e incluso desgloses diarios. En esta ocasión, pese a solicitudes expresas de información, la respuesta ha sido cuando menos parca.
La falta de claridad en torno al volumen de visitantes no hace sino alimentar suspicacias. En el 450 aniversario de la ciudad, ¿la feria no ha terminado de despegar como se esperaba?
Hace unos días, el presidente del Patronato, Héctor Rodríguez Velázquez, bromeaba con la prensa leonesa sobre el desempeño de esta edición: “vamos muy bien; más o menos vamos muy bien. Lo que pasa es que el número va bien, la gente está reaccionando muy bien y precisamente es parte de esta ampliación porque la gente está muy contenta”. Más allá del optimismo verbal, datos no hubo.
De parte del director de la feria, Alonso Limón Rode, apenas se han difundido numeralia más para salir al paso, que lejos de disipar dudas, refuerzan la sensación de nerviosismo y cautela de los resultados.
Habrá que esperar al informe final que presente el Patronato, pero no solo importará el número, sino la forma en que se construyan y expliquen los resultados. El antecedente inmediato no ayuda. El año pasado, el patronato anterior recurrió a un despacho —al que se pagaron más de 800 mil pesos— para levantar encuestas con las que se sostuvo que la derrama económica triplicó la de ediciones previas, superando los 9 mil millones de pesos, una cifra que generó muchas interrogantes, pero se defendió bajo una nueva forma de medición.
Tampoco se trata de presentar esta edición como un fracaso. Lejos se está de que eso ocurra. Sin embargo, resulta cada vez más evidente que el evento que debía marcar el arranque de los festejos por los 450 años de León no está alcanzando el impacto esperado. Ni siquiera con un León cuya renta ronda los 20 millones de pesos.
La falta de información clara, verificable y oportuna tampoco ayuda.
3.- Terrorismo: violencia extrema y refugios retóricos
“Si no es terrorismo, no lo entiendo de otra manera”, declaró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Guanajuato, Alejandro Arias Ávila, tras la masacre ocurrida en Loma de Flores, Salamanca.
En la clase gobernante existe un horror persistente a utilizar la palabra terrorismo cuando se trata de violencia extrema ligada al crimen organizado. El argumento suele repetirse: el terrorismo responde a fines ideológicos, religiosos o políticos, mientras que los ataques armados, las masacres o el uso de explosivos en México obedecen a disputas económicas o al control territorial entre grupos criminales. La distinción, sin embargo, es apenas un refugio retórico y político.
El contexto internacional no ayuda. Con una relación cada vez más tensa con Estados Unidos —que ha optado por calificar a los cárteles como organizaciones terroristas— y sus amagos de operaciones en territorio nacional, el gobierno mexicano rehúye aún más cualquier etiqueta que se aproxime a esa definición.
Paradójicamente, el marco legal ofrece margen suficiente. Por ejemplo, el artículo 245 del Código Penal de Guanajuato define terrorismo como aquel acto que, “por cualquier medio, produzca alarma, temor o terror en la población o en un sector de ella, para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad”.
El problema, entonces, no parece ser jurídico, sino político. El caso de Coahuayana, Michoacán, es ilustrativo: tras una explosión en diciembre de un coche bomba que dejó varios muertos, la Fiscalía General de la República calificó los hechos como terrorismo, solo para retractarse horas después.
En Salamanca, el propio alcalde César Prieto Gallardo dijo tras el ataque del domingo: “Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad”. Esa frase conecta con la definición de la ONU, que señala que “el terrorismo implica la intimidación o coerción de poblaciones o gobiernos mediante la amenaza o la violencia”.
Y aunque dichos como los del líder priista puedan tildarse de exagerados, la negativa a nombrarlos así no los vuelve menos graves. Solo contribuye a su normalización.
Contra Retrato
Juan Francisco Vera Ayala
Es el nuevo delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Guanajuato. Llega en sustitución de Ignacio Alejandro Vila Chávez, quien no alcanzó a completar un año en el cargo, en un relevo que se inscribe más en una lógica institucional que en una crisis de coordinación.
Vera Ayala cuenta con experiencia en áreas sensibles de procuración de justicia. Desde 2019 encabezó la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión en Puebla, posición que dejó en febrero del año pasado tras la renovación de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, proceso que derivó en la salida de todos los fiscales especializados. Pronto encontró cabida como director general de Análisis Criminal, Apoyo a la Investigación y Persecución del Delito, en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
El cambio en la delegación de la FGR en Guanajuato parece responder a la serie de reconfiguraciones internas que se han impulsado desde oficinas centrales, para colocar a perfiles de confianza. Estas modificaciones se han replicado en otras entidades y están vinculadas con la llegada de David Boone de la Garza a la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor). Boone de la Garza es cercano al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y fue uno de los primeros nombramientos de Ernestina Godoy tras asumir la titularidad de la FGR.
La designación de Vera Ayala apunta a fortalecer la coordinación entre autoridades federales y estatales, en un momento en que resulta evidente que la pacificación de Guanajuato es un camino largo y de resistencia.