1.- Guardia Nacional: sin certeza y sin parámetros
El anuncio de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, con la que le dio un espaldarazo a la iniciativa de reforma de la Guardia Nacional (GN) que envió al Congreso de la Unión Andrés Manuel López Obrador desde febrero, más que un signo de continuidad es ya una urgencia legal para darle certeza legal a esta corporación cuyos resultados siguen en entredicho.
En sí mismo, el hecho de que esta corporación quede asignada a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para efectos prácticos, sólo convalida sus operaciones realizadas hasta ahora de forma extralegal, sin tener un campo concreto de acción, límites y obligaciones específicas. En lo que toca a la seguridad, ya estaba de facto respondiendo al Ejército.
“Nos corresponde, a partir del primero de octubre, seguir fortaleciendo y consolidar a la Guardia Nacional como parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con la reforma constitucional que está en puerta en el Congreso de la Unión”, dijo la presidenta electa aún sin aclarar el ámbito de acción que tendrá la GN en su gobierno que tendrá como líder del tema a Omar García Harfuch.
Hasta ahora, lo que se ha sabido de las intenciones de Sheinbaum es asignar específicamente el cuidado de las carreteras a la Guardia Nacional, lo cual ya resuelve varias quejas sobre la dispersión de sus elementos al no tener capacidad de reacción frente al robo de autotransporte, pero también delinea sus intenciones por estructurar una policía investigadora.
Pero sin duda lo que queda en el aire son los agravios cometidos por los agentes de la Guardia Nacional en Guanajuato. Con violaciones constantes a los derechos humanos como allanamientos, golpes, cateos irregulares y hasta actos de violencia homicida, ha acumulado 110 quejas procesadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
De la totalidad de los expedientes, la CNDH ha concluído 96 considerando 186 derechos investigados para su defensa, de acuerdo al Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos.
Ahora también se suman diferentes denuncias de activistas sobre violencia aplicada por los agentes contra migrantes centroamericanos que, a su paso en dirección a Estados Unidos, pasan por los municipios de Silao e Irapuato en el ferrocarril. Hombre y mujeres por igual han recibido tratos crueles e inhumanos por parte de la Guardia Nacional.
Al final, al margen de la situación legal de la GN, su falta de resultados concretos en un estado como Guanajuato con una crisis severa de inseguridad, además de los abusos y violaciones de derechos humanos que han cometido en polígonos de por sí conflictivos, hacen necesario repensar su lugar en el ecosistema de las instituciones.
2.- El preocupante crecimiento de la extorsión en León
Como suele suceder en estos casos, el testimonio que deriva en la percepción popular es la primera alerta. Hasta ahora, la ciudad de León ha sido excluida del grupo de municipios que concentran la mayoría de los casos de extorsión en su modalidad de cobro de piso, asignando esta circunstancia más bien a Celaya y Salamanca donde sus formas son eminentemente violentas.
Pero resulta que esa trágica realidad también se vive en la ciudad zapatera, donde el propio presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco Servytur) de León e integrante de la Mesa de Seguridad y Justicia, Alejandro Arena Barroso, ha reconocido que hay preocupación por el ascenso que ha tenido este delito.
León registró incrementos en siete delitos de los 15 monitoreados en el Reporte de Incidencia Delictiva de la Zona Metropolitana que realizó el Observatorio Ciudadano de León de enero a mayo de 2024. Entre estos el más grave es en la extorsión, pues se registraron diez carpetas de investigación, mientras que en el mismo periodo de 2023 se registraron cuatro carpetas.
El gran problema observado por los empresarios, es la complejidad que León tiene por sus dimensiones como ciudad. Es así que las variantes de la extorsión muestran diferentes escenarios y causas; desde las llamadas telefónicas que recurren al engaño, pasando por las redes de agiotistas operando por años en la ciudad, hasta el temible cobro de piso, ya cuentan con casos enlistados.
Cabe destacar que ante el Secretario de Seguridad Pública de León, Jorge Guillén Rico, no han faltado reuniones y gestos de buena voluntad. Sin embargo, el cambio de trienio que irremediablemente implica cambios en cargos y posiciones, ha impuesto un paréntesis a la implementación de políticas y estrategias. Lo único que hay en el horizonte son las promesas de mejorar.
3.- Purísima del Rincón: edil faltista se sale con la suya
Con la improcedencia determinada por la comisión de responsabilidades del Congreso de Guanajuato, no sólo se perdió la oportunidad de revocar el mandato al regidor de Movimiento Ciudadano en Purísima del Rincón, Salvador Cruz Villegas, también la de enviar un mensaje ejemplar y contundente desde el Poder Legislativo.
A mediados del año pasado, Cruz Villegas causó indignación al faltar a las sesiones para irse de viaje a Europa durante aproximadamente un mes sin solicitar la debida autorización del Ayuntamiento. Cuando le faltaba solo una falta para ser destituido de su cargo, informó que estaba enfermo de Covid-19.
Al no haber solicitado licencia, el regidor continuó recibiendo su salario de manera normal. Lo más escandaloso fueron sus fotos en redes sociales en las que mostraba su estancia en lugares emblemáticos de Europa, como el Vaticano en Roma y la Torre Eiffel en París, Francia, en publicaciones que datan del 30 de octubre, cuando estaba celebrando su cumpleaños.
Solicitada la revocación por parte del cabildo purisimense, la falta de una resolución de parte del Congreso de Guanajuato, permitió que el edil se postulara nuevamente a la misma posición y hasta hizo campaña con Movimiento Ciudadano. Sabía perfectamente que su nombre causa repelús entre los integrantes del cabildo, de ahí la razón de haberse postulado en torno a la figura de Víctor González.
Finalmente, ayer se consideró que faltaban pruebas para ser revocados, pues a decir de los integrantes de la comisión, faltaron pruebas y la que entregó el tercer día, es completamente válida. No hubo mayor análisis, pues un justificante médico entregado sobre la hora es más que suficiente.
CONTRA RETRATO
Cristina Márquez Alcalá
Como presidenta de la Comisión de Justicia, le tocó en suerte ser la guardiana de las atribuciones fijadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). Si algo no le gustaba el fiscal Carlos Zamarripa dentro de las iniciativas presentadas en esta legislatura. Por eso no podría pensarse que no acataría la última de sus disposiciones.
Ayer la diputada local del PAN, Cristina Márquez Alcalá, fue la defensora principal -sin que se requiriera realmente con una comisión sin oposición- de Elvia Oralia del Pilar Durán Isais, esposa del fiscal, a quien se le ha sacado de su retiro como jueza del ramo penal para ser propuesta como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).
Ya no repararemos en el insulto a la inteligencia que ha sido esta propuesta del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el contexto de la salida y jubilación de Zamarripa, pues ayer el tema era una simple verificación de requisitos para admitir o no estas postulaciones.
La verdad es que basados en datos y hechos duros, Durán Isaís sólo cuenta con un diplomado de cinco meses -tomado recientemente- en el ramo administrativo, por lo que no cumple con el requisito legal de tener por lo menos cinco años de experiencia laboral en Derecho Administrativo. Justo en ese punto es que llegó la férrea defensa de la panista.
Márquez Alcalá repasó al derecho y al revés el currículum de la jurista en retiro para sostener que posee la trayectoria necesaria incluso con su paso por el Ministerio Público, pues ‘los Ministerios Públicos también tratan asuntos desde lo administrativo’. Sin mayor réplica que la del diputado del PVEM, Gerardo Fernández González, este y el resto de las postulaciones fueron aprobadas.