Guanajuato, Guanajuato.- Unas 50 personas de la comunidad El Derramadero, en Uriangato, se manifestaron durante la diputación permanente para exigir el cierre del relleno sanitario, del cual aseguran que les está causando problemas de salud y una posible contaminación de sus pozos.
De manera pacífica, los manifestantes mostraron sus pancartas durante toda la sesión. Esto ocurrió durante la presentación del diputado David Martínez, quien propuso una iniciativa de reforma a la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, que busca fortalecer el procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).
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Martínez afirmó que dicha armonización normativa tiene como finalidad garantizar la seguridad jurídica y la legalidad en el ejercicio de las competencias de las autoridades estatales y municipales para evaluar el impacto ambiental de los proyectos que deban someterse a dicho procedimiento, así como asegurar el respeto efectivo a los derechos de acceso a la información ambiental y de participación pública en asuntos ambientales.
Gustavo Lozano, de la agrupación Acción Colectiva Socioambiental, explicó que el de Uriangato es un relleno sanitario ubicado en la comunidad El Derramadero.
“Las personas que están aquí son de esa comunidad. Desde hace 10 años luchan para que se clausure ese relleno y finalmente, en 2023, se logró un acuerdo del ayuntamiento que ordenaba al gobierno municipal regularizar el relleno conforme a la norma oficial para posteriormente clausurarlo e iniciar los trabajos de apertura de un nuevo relleno sanitario en otro espacio donde no generara molestias”, señaló.
Agregó que desde entonces han mantenido reuniones con el gobierno para intentar hacer avanzar el tema entre autoridades, habitantes y la organización que los acompaña.
“En este gobierno actual, del Partido Verde, recientemente nos llevamos una sorpresa: el alcalde fue a la comunidad a anunciar un programa de asfalto y un periodista le preguntó sobre el relleno sanitario. Él declaró públicamente que no piensa acatar el acuerdo del ayuntamiento porque no hay dinero para hacerlo”.
Lozano destacó que la gente sabe que el máximo órgano de decisiones es el ayuntamiento, no el alcalde o el gobierno municipal, y que por esa razón la comunidad decidió acudir al Congreso a buscar aliados para sacar adelante el tema.
“Podría la comunidad desencadenar un proceso legal para obligar al gobierno a acatar las disposiciones del ayuntamiento. Nos parece gravísimo porque el alcalde dice impunemente que no va a hacer caso. Estamos en un estado de derecho en el que esa posibilidad no existe”, enfatizó.
Resaltó que si no hay dinero, parte de las obligaciones del alcalde es gestionar recursos ante la autoridad correspondiente para acatar la disposición del ayuntamiento.
“No creemos que sea tan caro; sí hay un tema con la regularización, no puedes simplemente cerrar y poner candado porque tienes que garantizar que en el futuro no se genere un problema ambiental. Pero también entendemos que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, tiene la disposición de acompañar a los municipios. El problema no está en el gobierno estatal, sino en el municipal”.
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Agregó que el tema de la basura es uno del que nadie quiere hablar, porque todos mencionan desarrollo, crecimiento y competitividad, pero eso también genera residuos.
“Las autoridades deben ser conscientes de que a mayor crecimiento hay más generación de residuos, y que a la par del desarrollo deben plantearse alternativas que permitan gestionar adecuadamente su disposición. Recursos hay, sólo hay que buscarlos”.
Subrayó que la contradicción que observan es que en un municipio gobernado por el PVEM, a finales de abril o principios de mayo, el Congreso emitió un exhorto a los 46 municipios del Estado para que cumplieran con la norma oficial 083, “propuesta por el Verde Ecologista, y el primer municipio que se baja es precisamente el gobernado por el Verde”.
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