Guanajuato, Guanajuato.- Con apenas medio día de suministro de agua a la semana y la advertencia de que el pozo está por colapsar, habitantes de la comunidad de Los López, en el municipio de León, denunciaron actos de hostigamiento y boicot orquestados desde la Dirección General de Desarrollo Rural para desestabilizar a su comité autónomo y forzar la entrada del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL).
La inconformidad se hizo presente en el salón de usos múltiples del Congreso del Estado, donde se celebró la sesión de la Diputación Permanente. En el lugar, pobladores sostuvieron cartulinas con consignas como “cumple tu parte, nosotros ya cumplimos”, “basta de favoritismos, apoyos parejos” y “basta de abusos de autoridad, necesitamos hechos, no palabras”, en demanda de una solución urgente a la escasez hídrica que enfrentan 720 familias.
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La problemática fue llevada a la tribuna por el diputado de Morena David Martínez Mendizábal, quien presentó un punto de acuerdo para exigir al Ayuntamiento de León reconocer a los comités comunitarios, respetar la Ley General de Aguas y frenar la intromisión municipal.
A las afueras del salón de sesiones, la subdelegada de Los López, María de la Luz Rocha Carranco, y la integrante del Comité de Agua Potable, Petra Elizabeth Sánchez, acusaron al director de Desarrollo Rural, Roberto Palomares, y a la exdelegada comunitaria Lourdes Olmedo de bloquearles apoyos sociales, como el empleo temporal, y calificarlos de problemáticos para justificar el desdén oficial.
Las afectadas detallaron que la asamblea acordó una cuota de 100 pesos mensuales (1,200 pesos anuales) para cubrir el mantenimiento y el recibo de energía eléctrica del pozo. No obstante, señalaron que personal de Desarrollo Rural alentó a un sector de habitantes a no pagar y promovió reconexiones no autorizadas tras los cortes a morosos, lo que derivó incluso en una denuncia penal contra la tesorera del comité vecinal.
En tribuna, Martínez Mendizábal expuso que la dependencia municipal emitió el oficio SFSL/DGDR/0423/2026, a través del cual desconoció de manera unilateral las decisiones de la Asamblea General de Usuarios y rechazó avalar las suspensiones por adeudos, lo que desfondó la capacidad económica del comité para operar la red.
Por su parte, las vecinas señalaron que la asamblea comunitaria rechaza adherirse a SAPAL por considerar excesivas sus tarifas. Asimismo, expusieron que consiguieron con el Gobierno del Estado el 50 por ciento del recurso para perforar un nuevo pozo, pero el municipio ha frenado la liberación de los permisos, mientras persiste un problema de drenaje provocado por una bóveda de la empresa Leche León que afecta a las viviendas desde hace 20 años.
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La propuesta legislativa plantea que Desarrollo Rural y SAPAL instalen una mesa de trabajo con los representantes de Los López para acordar un protocolo de cobro y garantizar el volumen mínimo para consumo doméstico sin cancelar el servicio, además de exhortar a la Contraloría Municipal a dar trámite a las dos denuncias contra funcionarios de Desarrollo Rural e informar su estado procesal al Congreso.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública para su estudio y dictamen.
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