La decisión generó reacciones inmediatas en el ámbito político. Este sábado, el Congreso Nacional Africano (CNA), principal fuerza del Ejecutivo de coalición, expresó su rechazo al considerar que la medida debilita las políticas de transformación económica y social del país.
El requisito de propiedad, principal obstáculo para Starlink

Uno de los mayores impedimentos para la operación de Starlink en Sudáfrica ha sido la legislación que obliga a los inversionistas extranjeros en telecomunicaciones a ceder al menos 30 por ciento de su participación accionaria a empresas locales controladas por grupos históricamente desfavorecidos, como personas negras, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad.
El propio Musk, nacido en Sudáfrica, ha criticado abiertamente esta exigencia, asegurando que se trata de una política discriminatoria que limita la inversión extranjera y el acceso a servicios de conectividad.
Propuesta oficial busca alternativas al reparto accionarial
En mayo pasado, el ministro de Comunicaciones y Tecnologías Digitales, Solly Malatsi, presentó un borrador normativo en el que propuso que la Autoridad Independiente de Comunicaciones de Sudáfrica (ICASA) reconozca esquemas alternativos al traspaso de acciones.
La iniciativa contempla los llamados “programas de inversión con equivalente de capital”, que incluyen el financiamiento de talento local, el desarrollo de infraestructura digital y el apoyo a pequeñas y medianas empresas, como mecanismos válidos para cumplir con los objetivos de empoderamiento económico.
Este viernes, Malatsi instruyó formalmente la implementación de estos cambios tras recibir, desde mayo, más de 19 mil comentarios y observaciones públicas sobre el proyecto.

Amplio respaldo ciudadano, según el Gobierno
De acuerdo con el ministro, el 90 por ciento de las presentaciones respaldó la orientación de la política, destacando la claridad regulatoria que ofrece y su potencial para ampliar el acceso a internet de alta velocidad en el país.
“La orientación política final refuerza la paridad regulatoria. No favorece a ninguna entidad específica, no elude la Ley de Comunicaciones Electrónicas ni debilita la transformación”, afirmó Malatsi.
Añadió que el objetivo central de la directiva es garantizar que el empoderamiento económico sea reconocido y aplicado de manera integral.
El CNA acusa intento de evadir al Parlamento

Pese a las explicaciones del Ejecutivo, el CNA manifestó su “profunda preocupación” por la directiva, al considerar que excede las facultades del ministro y pone en riesgo el marco regulatorio de las tecnologías de la información y la comunicación.
El partido acusó a Malatsi, miembro de la Alianza Democrática, de intentar modificar la legislación mediante directrices administrativas en lugar de seguir los procesos legislativos formales.
“Esto refleja una tendencia alarmante de reformar leyes por la vía de directivas, debilitando los mecanismos democráticos y la política de transformación de Sudáfrica”, señaló el CNA en un comunicado.
Starlink avanza en África, pero espera aval en Sudáfrica
En poco más de un año, Starlink ha iniciado operaciones en más de 20 países africanos, alterando el mercado regional de telecomunicaciones y generando presión sobre los proveedores locales.
En Sudáfrica, sin embargo, la empresa aún espera la aprobación oficial de su licencia por parte de ICASA.
El borrador regulatorio presentado en mayo coincidió con la visita del presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, a la Casa Blanca, donde sostuvo un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, marcado por tensiones diplomáticas.
Durante la reunión, Trump reiteró acusaciones sin sustento sobre un supuesto “genocidio” contra la minoría blanca afrikáner, afirmaciones que el Gobierno sudafricano rechazó categóricamente.
Polémica previa de Musk con Sudáfrica
Elon Musk, quien hasta finales de mayo se desempeñó como asesor especial de Trump al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha señalado anteriormente que Starlink no puede operar en Sudáfrica porque él “no es negro”, y acusó al país de mantener leyes de propiedad abiertamente racistas.
