Ciudad de México México.- La Universidad de Harvard presentó una demanda federal contra la administración del expresidente Donald Trump tras la decisión del gobierno de bloquear la inscripción de estudiantes internacionales, medida que ha desatado una crisis en la educación superior estadounidense con profundas implicaciones legales, académicas y humanitarias.
La demanda, presentada en el tribunal federal de Massachusetts, busca frenar lo que Harvard califica como una “acción ilegal e injustificada” del Departamento de Seguridad Nacional, que revocó abruptamente la certificación del programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP, por sus siglas en inglés), instrumento clave para la estancia legal de estudiantes con visas F-1 y J-1 en instituciones educativas estadounidenses.
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Una decisión que afecta a miles
Con casi 6,800 alumnos internacionales, que representan el 27% del alumnado total, Harvard se encuentra entre las universidades más afectadas por esta medida. Muchos de estos estudiantes ya se encuentran en territorio estadounidense, mientras que otros estaban por iniciar su programa académico.
La administración Trump emitió la decisión el jueves, dejando a los estudiantes extranjeros en una situación de incertidumbre legal y migratoria. Aquellos que ya se encuentran en el país deberán transferirse a otra institución aprobada o abandonar Estados Unidos, mientras que Harvard pierde la capacidad de inscribir o patrocinar nuevos alumnos internacionales.
“Condenamos esta acción ilegal e injustificada. Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y sirve de advertencia a innumerables personas en universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para alcanzar sus sueños”, declaró Alan Garber, presidente interino de la universidad.
Motivos políticos y económicos detrás del conflicto
La administración Trump ha justificado la revocación argumentando que Harvard ha creado un “ambiente inseguro” en el campus y ha manejado de manera inadecuada incidentes relacionados con presunto antisemitismo, así como con la falta de diversidad ideológica.
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El enfrentamiento entre el gobierno y Harvard también tiene un trasfondo político más amplio. En meses recientes, la Casa Blanca ha presionado para que la universidad reforme su política de admisiones, modifique su gobernanza institucional y se someta a una mayor supervisión federal. En paralelo, Trump ha amenazado con revocar la exención fiscal de la institución y ha congelado más de 2,600 millones de dólares en fondos federales.
Pese a tener una de las dotaciones económicas más grandes del mundo universitario —53 mil millones de dólares—, gran parte de estos fondos están restringidos para usos específicos, lo que limita la capacidad de Harvard de absorber el impacto financiero y operativo de esta decisión.
Harvard exige respeto al debido proceso
En su denuncia, Harvard alega que la decisión de revocar su certificación para admitir estudiantes extranjeros se tomó sin aviso previo, sin oportunidad de audiencia y sin una causa legítima, en violación del debido proceso legal.
“De un plumazo, el gobierno ha buscado borrar una cuarta parte del cuerpo estudiantil de Harvard”, argumenta el escrito judicial. Además, señala que durante más de 70 años la universidad ha estado certificada para inscribir a estudiantes internacionales y ha desarrollado programas académicos específicos, laboratorios, clínicas e iniciativas de investigación que dependen de su presencia.
Consecuencias inmediatas
La medida deja a más de 7 mil estudiantes internacionales de Harvard en riesgo de perder su estatus migratorio, interrumpiendo planes académicos y carreras profesionales. La universidad también advirtió que sus programas de verano y otoño para estudiantes extranjeros ya no pueden ser respaldados, lo que ha provocado una disrupción masiva en la vida académica de la institución.
La Casa Blanca y el Departamento de Educación no han respondido oficialmente a la demanda, mientras que el Departamento de Seguridad Nacional ha reiterado que la decisión responde a la “necesidad de mantener la seguridad y la integridad del sistema educativo estadounidense”.
Este litigio no solo determinará el futuro inmediato de miles de estudiantes, sino que también podría sentar un precedente crítico sobre los límites del poder ejecutivo en asuntos de política educativa y migratoria.
Para Harvard, esta es una lucha por sus principios fundacionales de inclusión y excelencia académica global. Para la administración Trump, es una reafirmación de su visión nacionalista sobre la educación y la inmigración.
Ambas partes están ahora en un enfrentamiento legal de alto riesgo que será seguido de cerca por otras universidades, estudiantes internacionales y defensores de los derechos civiles en todo Estados Unidos.