“Lamentamos profundamente la afectación. Nuestro cliente es el principal afectado. Les pedimos comprensión, apoyo y que denuncien ante Profeco. Sus prendas están seguras; no se van a vender ni a vencer.”
Mientras las sucursales permanecen cerradas por la huelga, los trabajadores aseguran que no han recibido salario por casi dos meses y sobreviven con ayuda familiar, ventas personales y apoyos de otros sindicatos. Aun así, insisten en que sostendrán el paro “el tiempo que sea necesario”.
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Una institución sin dueño que, según los trabajadores, opera como empresa privada
Aunque el Monte de Piedad es una institución de asistencia social sin dueño —administrada por un patronato—, el sindicato afirma que ese grupo se ha convertido en una élite empresarial que actúa como si se tratara de un banco privado.
Parga señala incluso que uno de los integrantes estaría vinculado a la minera Peñoles y que tiene participación en la recolección y fundición del oro de prendas que los clientes no recuperan.
“Sacaron muchísimo oro del Monte de Piedad. Lo funden y nadie sabe dónde termina. Es imposible tapar el sol con un dedo.”
Cinco años de presiones y violaciones al contrato colectivo
De acuerdo con el sindicato, desde hace cinco años la administración ha intentado modificar o desaparecer un contrato colectivo con más de 70 años de vigencia. En ese periodo se acumularon:
- Tres años sin aumento salarial (2021–2023)
- Sueldos inferiores a dos salarios mínimos
- Cero ascensos escalafonarios (2022–2025)
- Intentos de bloquear la legitimación del contrato
- Despido masivo de valuadores sindicalizados
- Hostigamiento y presión para cambiar de sindicato
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En 2024 se firmaron acuerdos tras una huelga previa, pero —acusa el sindicato— la administración incumplió todos.
La violación clave que detonó la huelga: el escalafón
El detonante ocurrió cuando la administración modificó unilateralmente el escalafón, violando lo establecido en el contrato.
Según Parga, se colocó en puestos de alto nivel a:
“Gente con muy poca antigüedad, del sindicato patronal. Beneficiaron a 300 trabajadores cuando había más de 700 vacantes en el país.”
Eso provocó la inconformidad de la plantilla sindicalizada.
Cambios de horario, cancelación de descansos y presión laboral
El sindicato también denuncia que la administración cambió unilateralmente la jornada laboral a un horario continuo de 8:30 a 17:00 horas, en muchos casos sin respetar la media hora de comida.
“Hay gerentes que levantan reportes o suspenden a los empleados para cansarlos y obligarlos a doblar las manos.”
Según Parga, en 2024 ocurrió uno de los actos más agresivos:
“Encerraron a casi 400 valuadores con seguridad en la puerta. Ahí mismo los liquidaron y los obligaron a firmar nuevos contratos sin prestaciones.”
Muchos aceptaron por miedo; otros demandaron. Hoy, esos trabajadores apoyan la huelga.
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El “negocio oculto”: oro, financiera interna y altos intereses
El sindicato sostiene que la crisis no es solo laboral, sino estructural:
1. Extracción masiva de oro
El oro de prendas no recuperadas se funde en una concentradora y se mueve sin transparencia.
2. Creación de una financiera interna
Acusan que la administración creó una financiera usando recursos del Monte de Piedad, sin participación de la base laboral.
3. Intereses elevados
Las tasas —denuncian— alcanzan hasta 7.6%, contradiciendo el fin social de la institución.
Además, los clientes fueron clasificados en categorías tipo bronce, plata, oro y diamante, lo que, según el sindicato, privatiza el trato en una institución asistencial.
Ganancias millonarias vs. sueldos congelados
El sindicato afirma que mientras la institución obtuvo 12 mil millones de pesos de remanente en 2024, ya se han perdido casi 2 mil millones por la huelga.
“Como ese dinero no sale de sus bolsillos, no les importa.”
A esto se suma la revelación de los salarios del patronato: 29.7 millones de pesos al año, un promedio de más de 4.2 millones por persona.
La huelga es legal: así se votó
Pese a que la administración intentó declarar ilegal la huelga, los resultados fueron contundentes:
- 97% del personal participó
- 75.25% votó a favor
Mensaje al público: “No paguen y denuncien ante Profeco”
Guadalupe Parga reiteró:
“Los clientes deben acudir a Profeco y presentar quejas para presionar a la administración. Sus prendas están seguras.”
El movimiento ha recibido apoyo de sindicatos de telefonistas, metro, aviación, CROC, CROM, CTM y federaciones sindicales de CDMX.
El sindicato asegura que si ganan, podría abrirse la puerta a que otros trabajadores del país recuperen derechos perdidos.
La demanda final: respetar el contrato colectivo o que el patronato dé la cara
“No pedimos nada nuevo. Solo que respeten lo que ya existe en el contrato colectivo.”
Mientras tanto, el patronato no ha emitido posicionamiento público ni ha acudido a conciliación, pese a órdenes judiciales.
Los trabajadores cierran con tres mensajes:
- Piden disculpas a los clientes.
- Llaman a la sociedad a presionar para que la institución respete la ley.
- Aseguran que no se moverán hasta frenar lo que consideran un proceso de privatización interna.