1.- IMSS Bienestar: la presión inicia en el campo sindical

Uno de los grandes frentes con los que iniciará el sexenio de Libia Dennise García Muñoz Ledo, es el del sistema de salud. Entre los llamados a mantenerlo en manos del estado y las presiones de la 4T para federalizarlo a través del llamado IMSS Bienestar, la suficiencia de los recursos para sostener una estructura cada vez más robusta, precipitará una decisión en el corto o mediano plazo.
Poco lo hicieron notar, pero la respuesta un tanto abierta que ofreció la propia gobernadora electa de Guanajuato, justo antes del encuentro que tuvo con la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y los gobernadores de la zona occidente, hacen pensar en que no se encuentra tan segura de defender con vehemencia el sistema estatal como lo ha hecho el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Todo es cuestión de pesos y centavos. De parte de la 4T, representada por el director general del IMSS, Zoé Robledo, la fórmula para convencer a los estados como Guanajuato para que entreguen su sistema al recientemente creado, es ofrecer la transferencia de toda la nómina a la estructura federal la cual absorbería todos los derechos adquiridos de los trabajadores de la salud.
Para lograrlo, la 4T ha propiciado la creación y el activismo de un nuevo sindicato que rompa con las hegemonías persistentes y de paso promueva los cambios al IMSS Bienestar exacerbando las ventajas y prestaciones laborales que se les ofrecen. Se trata del Sindicato Mexicano de la Salud (Simesa), cuya sección guanajuatense ya está en funciones con Aida Minerva Larrondo López.
En el caso de Guanajuato, este retuvo su sistema de salud, pero con un subsidio prácticamente estático de 4 mil millones de pesos anuales. Todo lo que falte, entre salarios e insumos, debe ser cubierto desde las arcas estatales. Una situación que ya ha causado efervescencia laboral entre el personal médico de la Secretaría de Salud de Guanajuato (SSG), además de estrés en las finanzas estatales.
Es cosa de entender el rezago que arrastra Guanajuato con la basificación de su personal médico. Ya se han regularizado cerca de 1 mil 600 trabajadores y entre 2023 y 2024 se ha hecho lo propio con 2 mil 875. El avance es importante, pero lo que falta aún resalta más, pues quedaron pendientes otros 5 mil trabajadores con antigüedad y otros 1 mil 300 que entraron en la coyuntura de la pandemia de Covid.
Es una realidad que, ante este rezago laboral, los líderes de las secciones 37 y 46 del Sindicato Nacional del Sector Salud, José Martín Cano Martínez y María de Jesús Torres Ramírez, no se han detenido en ese rezago de basificación ni mucho menos en exigir su regularización, por eso es que el discurso de la naciente sección Guanajuato de Simesa, se vuelve una bomba molotov.
A decir de Ricardo Cruz Cotero, dirigente nacional del Simesa, han abierto la opción de que exista un segundo sindicato que represente a los trabajadores de salud, pero con un claro objetivo que se suma a las seducciones de la 4T sobre un sistema de salud que se ha confrontado con un nuevo modelo cuya eficiencia aún está a prueba.
2.- Los migrantes invisibilizados

Después de 12 años con una entidad pública estatal creada centralmente para atender a los migrantes guanajuatenses, parece que las políticas públicas de los gobiernos del PAN no terminan de asentarse frente a las verdaderas necesidades de esta pujante población que es fundamental para entender la dinámica social de un estado como Guanajuato.
Lo anterior hizo que los ajustes fueran necesarios e inminentes, pero la gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, decidió que de plano habría que desaparecer la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional (SMEI), que durante casi ocho años fue encabezada por Juan Hernández, quien terminó revelando sus prioridades al renunciar para hacer trabajo electoral para el PAN.
Así que motivos para ajustar el SMEI los había, pero extinguirlo sin establecer una solución a cambio, pero sobre todo sin un mecanismo de escucha y diálogo con los líderes migrantes y defensores de sus derechos humanos, terminó por configurar un mensaje de invisibilización que ahora le reclaman a la gobernadora electa.
Ahora se han movilizado a los líderes migrantes al considerar que es un grave error desaparecer el SMEI e incluso denunciaron que a esta siempre le hizo falta mucha mayor capacidad y presupuesto. Tal ha sido la molestia, que ya prevén una reunión para construir una carta donde emitirán su posición, ya que, en los hechos, no ha tenido ninguna interlocución con Libia Dennise.
Correo recopiló las voces de activistas como Lolita Aviña, líder de la Asociación guanajuatense en Texas; Omar Silva Aguilar de la Cooperativa Campesina en California o Isaret Jeffers, del colectivo ‘Árbol’ y la Federación de Guanajuatenses en Florida, y para ellos hay un agravio real al ser considerados como capital político, pero más aún de ser invisibilizados frente a la toma de decisiones.
Así que, por si faltaran frentes abiertos, aquí hay uno muy sensible. ¿Estará en la agenda del viaje a Estados Unidos que realiza Libia esta semana? Pronto lo sabremos.
3.- ¿Y dónde quedaron los “alcaldes del narco”?

Atrás quedó la avezada declaración del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien el 6 de junio -cuatro días después de la elección- aseveró que habría ocho alcaldes y diputados electos con nexos con el crimen organizado. Hasta pidió una “verdadera reforma electoral”, con pruebas de control y confianza y revisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Retomar esa declaración no tiene desperdicio, pues incluso se advirtió que los expedientes de los casos en manos de la FGE, serían enviados a la Fiscalía General de la República (FGR), pues presumió que “no porque hayan pasado las elecciones significa que vamos a dejar de investigar”.
Pues a dos meses 13 días de aquella declaración, el fiscal general Carlos Zamarripa Aguirre, declaró a regañadientes que ya tienen carpetas de investigación en algunos casos, pero no de todos; que esos detalles los darían a conocer, pero cuando tengan elementos suficientes. La verdad es que junto al secretario de gobierno, Jesús Oviedo Herrera, trató de evadir el tema en el que aún no hay certezas.
La verdad es que estas posturas solo confirman la naturaleza política de las declaraciones del gobernador, lo cual es -como lo calificó él mismo- muy delicado, precisamente por estar en el contexto de un ataque que se perpetró un día antes a la tienda del alcalde electo de Morena en Tarimoro, Saúl Trejo Rojas, donde hubo personas fallecidas y heridas.
Todo indica que estamos ante una de tantas estampas del uso político de información sensible de seguridad, a la que tanto acostumbró el Zamarripa Aguirre a los gobernadores. Una dinámica en la que este dotaba de un arsenal político, que pocas veces ha dado lugar a un proceso judicial serio y esclarecedor.
CONTRA RETRATO

Jaime Calderón Calderón
Su llegada a la Diócesis de León se da en una etapa de profundos cambios políticos y sociales. Esto incluye una clase política cada vez más desarraigada de su relación con la Iglesia Católica, limitada a complacencias y buenos gestos, pero ya sin darle su lugar en la toma de decisiones de gobierno como el PAN lo hizo en una larga etapa dentro de sus más de 30 años de gobierno.
Es así que Jaime Calderón Calderón tomó posesión ayer como Arzobispo de León, en lugar de Alfonso Cortés, en una ceremonia que evidenció el decaído poder de convocatoria que tienen estos eventos en una ciudad que hasta hace no mucho era alarde de un profundo catolicismo. La expectación no se acercó a la que tuvieron sus antecesores.
Entre los políticos y gobernantes que estuvieron presentes fue la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, el de Silao, Carlos García Villaseñor, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el secretario de gobierno Jesús Oviedo Herrera, funcionarios locales y estatales y el fiscal general del estado Carlos Zamarripa Aguirre. De todos, sólo la primera se mantendrá vigente.
Pero también es precisó dimensionar la posición de los últimos Arzobispos frente a la cosa pública, pues en ese tema se ha ido de extremo a extremo, pues de un hiperactivo José Guadalupe Martín Rábago, quien validada o censuraba las acciones de gobierno, pasamos a un mimetizado Alfonso Cortés. Ahora con Calderón Calderón parece que el escenario tendrá sus variaciones.
Ahora la expectativa está centrada en la capacidad del nuevo Arzobispo frente a la realidad social de Guanajuato. Curtido está en temas sociales, de violencia y derechos humanos, de manera que se espera un nuevo estilo para integrarse en la agenda pública que no necesariamente dependerá de los ánimos políticos en el PAN.
