Guanajuato, Guanajuato.- La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) dio su respaldo total a los incrementos arancelarios aprobados por el Senado mexicano a productos con los que el país no tiene tratado comercial, con un reconocimiento especial a la permanencia del 35 % en cinco fracciones aplicadas a la importación de calzado.

A través de un comunicado emitido la noche de este jueves, la CICEG expresó su reconocimiento y apoyo total a las reformas aplicadas a la Tarifa de la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE), al considerar que estas medidas ayudarán a fortalecer el marco regulatorio del comercio exterior y a proteger a la industria nacional.

La Cámara Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL), de la que forma parte el expresidente de la CICEG, Mauricio Battaglia Velázquez, también se sumó a esta postura y agradeció la apertura al diálogo mostrada por el Senado, el Congreso de la Unión y la Secretaría de Economía federal. En este proceso, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) participó activamente en la definición de las cuotas.

El sector empresarial del calzado en Guanajuato avaló las reformas arancelarias. Foto: Especial

El principal reconocimiento a la reforma fue mantener el arancel del 35 % en cinco fracciones correspondientes a la importación de calzado, incluido el deportivo fabricado con tela, ya que la propuesta inicial planteaba reducir la cuota al 25 %, modificación que fue desechada tras las sugerencias de las cámaras empresariales.

“Los ajustes realizados reflejan una política industrial activa y coherente con las necesidades del país, orientada a consolidar cadenas productivas estratégicas, impulsar una mayor integración productiva nacional y garantizar condiciones de competencia justa. Estas acciones están alineadas con los esfuerzos para fortalecer la economía mexicana y salvaguardar sectores emblemáticos como el cuero-calzado-marroquinería”, expresaron los industriales, al señalar que esta regulación protege los empleos de más de 100 mil familias.