Según el expediente SUP-AG-209/2024, el caso ha sido asignado al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será el responsable de proponer una solución a esta impugnación.
Los jueces de Distrito que admitieron los amparos contra el proceso electoral concedieron suspensiones provisionales que obligan al INE a detener cualquier preparación relacionada con las elecciones judiciales. Uno de los puntos más importantes de la resolución judicial fue que el Consejo General del INE se abstuviera de organizar y desarrollar cualquier actividad relacionada con el proceso electoral extraordinario de 2025, lo que incluye la vigilancia y fiscalización de los comicios.
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En particular, el Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, con sede en Colima, confirmó la suspensión otorgada el 24 de septiembre por el juez Segundo de Distrito, Francisco García Contreras. Este fallo reitera que el INE no puede avanzar en las actividades electorales para el nombramiento de jueces y magistrados hasta que se resuelvan los amparos en cuestión.
INE responde a la suspensión
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, comentó en una entrevista con medios que el Instituto no ha recibido notificación formal sobre las suspensiones que impiden la realización del proceso electoral judicial. Sin embargo, el INE ha seguido todos los pasos legales para impugnar estas suspensiones ante el TEPJF, buscando continuar con el proceso extraordinario de elecciones.
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En tanto, el juez García solicitó al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que se abstenga de implementar un plan de trabajo para la transferencia de recursos materiales, humanos y financieros al Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ). Esta medida está directamente relacionada con las funciones de control y disciplina sobre los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), que forman parte del proceso electoral.
La suspensión afecta la capacidad del INE para organizar las elecciones de jueces y magistrados, lo que podría retrasar el proceso electoral previsto para junio de 2025. La disputa legal entre los jueces que han concedido amparos y el INE plantea preguntas importantes sobre la independencia del proceso electoral y los límites entre los poderes del Estado.
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