Guanajuato, Gto.- Por haber contratado a una empresa de la que era socio y beneficiarse con recursos públicos, el exdirector de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica de Salamanca (UTS), Luis Enrique Hernández Godoy fue inhabilitado por diez años para ejercer cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, además de recibir una sanción económica.
La sanción fue dictada por la Sala Especializada del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) dentro del expediente S.E.A.F.G. 25/SALA ESPECIALIZADA/22, la cual comenzó a surtir efecto a partir de este año y permanecerá vigente hasta el 7 de abril de 2036.
Proveedor y funcionario al mismo tiempo
De acuerdo con la resolución aprobada por el magistrado Arturo Lara Martínez, los hechos se originaron en 2016, cuando Hernández Godoy se desempeñaba como titular de Administración y Finanzas de la UTS.
En ese periodo, la universidad adjudicó contratos y emitió pagos por tres facturas destinadas a trabajos de diseño, adecuación de espacios para la biblioteca digital y actualización de equipos del centro de simulación de negocios e idiomas, a la compañía Vihemmen, S.A. de C.V.
Sin embargo, las investigaciones del Órgano Interno de Control revelaron que la empresa proveedora beneficiada pertenecía en un 50% de las acciones al propio Luis Enrique Hernández Godoy.
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Durante el procedimiento, el exservidor público intentó defenderse argumentando que solicitó una “dispensa” verbal ante el entonces rector para no intervenir en las decisiones del comité.
El Tribunal desestimó el argumento señalando que la dispensa no fue acreditada legalmente y que, de cualquier forma, la Ley de Responsabilidades Administrativas prohíbe tajantemente que un funcionario intervenga, por sí o a través de sus empresas, en contrataciones con la misma institución a la que pertenece.
Además de la inhabilitación por diez años, la Sala Especializada le impuso una sanción económica calculada en la tasa máxima de la ley (dos tantos un medio del beneficio obtenido más la devolución del monto) debido a que el beneficio devengado superó el equivalente a 1,000 Unidades de Medida y Actualización -equivalen a 117 mil 310 pesos actuales-.
La paradoja: de infractor en 2016 a “guardián” anticorrupción en 2017
El caso revela un contraste institucional significativo sobre los tiempos en que ocurrió la falta y la trayectoria del exfuncionario.
Las contrataciones irregulares que motivaron la sanción fueron ejecutadas entre julio y noviembre de 2016. Apenas unos meses después, el 17 de julio de 2017, el Congreso del Estado designó a Luis Enrique Hernández Godoy como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por un periodo de tres años.
Es decir, mientras en la Universidad Tecnológica de Salamanca se concretaba el conflicto de interés que años más tarde derivaría en una inhabilitación por una década, Hernández Godoy era promovido e integrado al órgano ciudadano encargado de elegir a los fiscalizadores y evaluadores de la anticorrupción en el estado de Guanajuato.
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