Guanajuato, Guanajuato.- La propuesta del PRI para obligar a que los camiones urbanos y suburbanos de Guanajuato cuenten con rampas y equipo accesible para personas con discapacidad generó advertencias de dependencias estatales y diputados, al detectar que el proyecto abre la puerta para que el costo de adaptar las unidades se traslade a la tarifa del pasaje.
Se trata formalmente de la iniciativa radicada bajo el Expediente Legislativo Digital 635/LXVI-I, formulada por el grupo parlamentario del PRI a través del diputado Alejandro Arias Ávila y la diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia. Ninguno de los legisladores iniciantes asistió a la mesa de trabajo de la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial celebrada este miércoles, enviando en su representación al coordinador de asesores de la bancada tricolor, Carlos Torres.
Plantea exigir a los transportistas la incorporación de unidades adaptadas
El proyecto plantea exigir a los transportistas la incorporación de unidades adaptadas con rampas o suspensión de arrodillamiento para garantizar un abordaje autónomo. Sin embargo, en el artículo 33, fracción octava, establece que las inversiones realizadas por los concesionarios en estas adaptaciones sean consideradas para fijar las tarifas del servicio.
Ante este punto, el representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, Agustín Eugenio Martínez Elías, advirtió que indexar la accesibilidad al cálculo tarifario amenaza con trasladar la carga financiera a los usuarios y provocar que el pasaje se vuelva impagable para la población de menores ingresos, pues la autoridad municipal enfrentaría presiones para subir el cobro cada vez que una empresa adquiera un camión nuevo. Por ello, instó a crear fondos públicos o créditos en lugar de cobrarle la inclusión a la gente.
En el mismo sentido, la representante de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, María de Lourdes Ramírez Segura, señaló la necesidad de ponderar el impacto en la economía familiar para evitar un esquema tarifario injusto.
Desde la bancada de Morena, el diputado Ernesto Millán Soberanes rechazó cualquier intento de encarecer el transporte público y remarcó que las adecuaciones para personas con discapacidad no pueden traducirse en un incremento en el cobro del pasaje que golpee los bolsillos ciudadanos.
Además del tema económico, enlaces de la Secretaría de Derechos Humanos y de Obra Pública observaron que la redacción del tricolor es reduccionista, pues limita la accesibilidad a sillas de ruedas y deja fuera a personas con discapacidad visual, auditiva o usuarias de perros guía.
En su intervención, el asesor priista Carlos Torres defendió la urgencia de garantizar traslados autónomos para este sector de la población, aunque reconoció que la redacción es perfectible y aceptó diseñar esquemas graduales de financiamiento para no frenar la reforma.
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Para avanzar hacia una dictaminación con sustento técnico y social, la presidenta de la comisión, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, acordó incorporar las observaciones de las dependencias e instruyó al secretario técnico ampliar la metodología legislativa, a fin de someter la iniciativa a una consulta vinculante con personas con discapacidad y abrir mesas de trabajo directo con las empresas concesionarias del transporte en la entidad.