Guanajuato, Guanajuato.- Jaime Juárez Jasso, exdelegado del INE en Guanajuato, se autoadscribió como parte de la comunidad indígena para concursar por un nuevo puesto en el Instituto Nacional Electoral; se trata de una consejería electoral del Consejo General del INE por un periodo de nueve años.
Juárez Jasso fue vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Guanajuato hasta el 1 de marzo pasado. Él mismo dio a conocer en febrero que lo habían llamado para desempeñar la misma labor en el estado de Chiapas; sin embargo, no aceptó y optó por jubilarse.
Ahora, su nombre aparece en el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación, donde se revisa a los candidatos para ocupar tres consejerías electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por un periodo de nueve años, conforme a la convocatoria aprobada el 19 de marzo de 2026.
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Lo que llama la atención es que Jaime Juárez está inscrito como integrante de la comunidad indígena, cuando durante su trayectoria en el cargo anterior nunca manifestó formar parte de algún grupo étnico.
Un consejero electoral del Consejo General del INE, puesto por el que compite Jaime Juárez, percibe un salario bruto mensual cercano a los 230 mil pesos.
Mediante acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, aprobado el 26 de marzo de 2026, se integró el Comité Técnico de Evaluación por Selene Cruz Alcalá, Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón, Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta, quienes serán los encargados de revisar los perfiles más destacados entre los 369 inscritos.
De estos, hay personas que se autoadscriben como personas con discapacidad, afromexicanas, adultas mayores, migrantes, integrantes de la comunidad LGBTTTIQA+ o de la comunidad indígena, como es el caso de Jaime Juárez.
Usurpar identidades
La diputada Plásida Calzada, quien representa a la comunidad indígena en el Congreso local, señaló que esto no debe tomarse como un pretexto para usurpar identidades.
“Para empezar, celebramos que se esté impulsando una inclusión de todos estos sectores que por mucho tiempo se invisibilizaron, como comunidades indígenas, diversidad sexual, personas con discapacidad y migrantes. Creo que es un avance, un logro que estamos obteniendo”, opinó la legisladora.
Sin embargo, acotó:
“Yo creo que no debe tomarse como un pretexto para que algunas personas quieran usurpar identidades y que, de manera indebida, estén ocupando espacios que corresponden verdaderamente a personas que legítimamente representan a los sectores que mencionábamos hace un momento”.
Apuntó que llama particularmente la atención el caso de Jaime Juárez Jasso, “porque tiene más de 30 años de trayectoria como funcionario electoral. Ahora bien, ¿por qué en estas tres décadas no supimos o no tuvimos conocimiento de que se reconociera públicamente como integrante de alguna comunidad indígena o siquiera que hubiera participado en algún proceso, asamblea o actividad propia de estas comunidades?”, señaló.
Aclaró que no está cuestionando eso, “simplemente estamos como haciendo un llamado a que el comité técnico que se va a encargar precisamente de la evaluación de los perfiles, pues que sea muy meticuloso, que sea muy serio y que profundice mucho en su análisis que van a realizar para evitar que pues esta auto adscripción la puedan utilizar como un mecanismo para beneficiarse políticamente o que ocupen algún espacio destinado para verdaderos representantes de sectores en condición de vulnerabilidad”.
Cuestionada sobre cuál es la forma para que alguien de la comunidad indígena pueda oficializar su auto adscripción, la legisladora explicó “el cómo dentro de las comunidades indígenas nosotros pudiéramos advertir que se trata o no de alguien que pretende usurpar, no se trata tanto de andar buscando en un árbol genealógico, más bien que es adentrarse en la asamblea comunitaria que a final de cuentas es quien tiene la última decisión; es digamos el juez dentro de nuestras comunidades indígenas”.
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Abundó que las autoridades comunitarias, sus representantes, son elegidos por mayoría.
“Entonces, tenemos conocimiento de que tiene por ahí alguna constancia o algún certificado que sustenta su autoadscripción, entonces ahí sería cuestión de ver con la persona, con la autoridad que le haya extendido dicho documento y si realmente cuenta con la aprobación de esa comunidad o pueblo al que dice representar”, detalló Plásida Calzada.
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