“Las guerras se ganan con acciones, no con palabras”, declaró Jerí desde Palacio de Gobierno, acompañado de sus ministros. El mandatario aseguró que su gestión pasará “de la defensiva a la ofensiva” frente al crimen organizado, destacando que la emergencia comenzará a regir a partir de la medianoche del miércoles y tendrá una duración inicial de 30 días.
El anuncio, de apenas unos minutos, generó más interrogantes que certezas. La ciudadanía esperaba la presentación de un paquete de medidas concretas, pero Jerí optó por un discurso breve y simbólico. Su primer ministro, Ernesto Álvarez, ya había anticipado que esta vez no se trataría de una “declaración vacía”, sino de un cambio de enfoque en materia de seguridad.
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Desde que asumió el poder el 10 de octubre, tras la destitución de Dina Boluarte, Jerí ha intentado proyectar una imagen de autoridad y firmeza. Ha visitado centros penitenciarios, participado en operativos policiales, sobrevolado Lima en helicóptero y se ha mostrado desafiante en medio de protestas que exigían su renuncia.
Durante el gobierno anterior, varios estados de emergencia fracasaron en contener la delincuencia, un tema que el 59% de los peruanos considera el principal problema del país, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este año, la violencia asociada a las extorsiones ha golpeado especialmente al sector del transporte urbano: 180 choferes y cobradores han sido asesinados por negarse a pagar “cuotas” a las mafias locales.
Uno de los puntos más polémicos del nuevo decreto fue el posible toque de queda, una medida que finalmente no se incluyó. Diversos gremios del sector artístico habían pedido evitar restricciones que afectaran el trabajo nocturno en bares y discotecas. La inseguridad también ha alcanzado a los músicos: tras el ataque contra la orquesta Agua Marina, dos integrantes de una agrupación de timba fueron asesinados en el Callao.
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El decreto establece que la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que podrán patrullar las calles y actuar ante eventuales protestas contra el Ejecutivo. Analistas consideran que esta disposición busca no solo frenar la delincuencia, sino también contener el malestar social que persiste en varias regiones del país.
Entre las principales medidas destacan la prohibición del tránsito de dos personas en motocicleta, el refuerzo de la vigilancia penitenciaria y la restricción de visitas a cárceles. Además, se anunció la destrucción de antenas ilegales de telecomunicaciones y la implementación de apagones en celdas para evitar que los reclusos sigan dirigiendo operaciones criminales desde prisión.
El inicio de la emergencia se da en medio de la controversia por la muerte del rapero Eduardo Ruiz Sáenz, abatido por un policía encubierto. El caso ha generado indignación y cuestionamientos al Gobierno. El Poder Judicial admitió un habeas corpus a favor del suboficial Luis Magallanes, quien podría ser liberado de manera inmediata. Aunque el jefe de la Policía, Óscar Arriola, afirmó que Magallanes fue responsable del disparo, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, negó esa versión y aseguró que la investigación continúa.
Mientras tanto, José Jerí enfrenta su primer gran desafío político: restaurar el orden sin vulnerar los derechos ciudadanos, en un país marcado por la desconfianza, la violencia y la incertidumbre a pocos meses de las elecciones presidenciales previstas para abril de 2026.