Celaya, Guanajuato.- Cada año, el presupuesto destinado al pago de jubilaciones y pensiones del gobierno de Celaya aumenta, aunado a las prestaciones que por años se han otorgado a los jubilados y pensionados. Por ello, el municipio decidió ya no pagarles el Fondo de Ahorro y otros beneficios, lo que derivó en una demanda ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado.
Los jubilados denunciaron que en la primera quincena de agosto no se les pagó el fondo de ahorro ni otras prestaciones, lo que derivó en manifestaciones y en la demanda.
El presidente municipal, Juan Miguel Ramírez Sánchez, informó que efectivamente ya no se pagaron algunas prestaciones y que no se dará marcha atrás hasta que exista una sentencia dictada por un juez.
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La Asociación de Jubilados y Pensionados de Celaya demandó al municipio por el retiro del fondo de ahorro y otras prestaciones laborales, como pensión, canasta básica, apoyo a cultura y educación, aguinaldo, canasta navideña, apoyos por defunciones y gastos médicos.
Alrededor de 220 jubilados afirmaron que demandaron al municipio para recuperar los derechos que adquirieron cuando eran trabajadores activos.
Al respecto, el alcalde Juan Miguel Ramírez señaló que las prestaciones que se les pagaban no están sustentadas en la ley.
“Ellos dicen que les estamos quitando su derecho a una serie de prestaciones, aguinaldos, cuestiones de ahorros… Yo voy a respetar los derechos de los trabajadores, pero las auditorías del Gobierno Estatal son permanentes, y no hemos encontrado sustento jurídico para darles canasta básica o aguinaldo”, afirmó.
Ramírez añadió que esperará la sentencia del juez para proceder con cualquier pago, ya que no quiere que las auditorías le observen el pago de prestaciones a los jubilados sin sustento jurídico.
“Nosotros queremos que nos diga el juez, por ejemplo: ustedes tienen que pagarles esto, esto, esto y esto. Entonces nosotros ya tenemos un respaldo. Y no que nos hagan una auditoría y nos digan, ¿por qué les estás pagando? ¿Cuál es la cuestión vinculatoria? Así podremos argumentar: aquí está lo que dijo el juez, me dijo que yo les tenía que pagar esto”, afirmó el alcalde.
Aunque los jubilados aseguran que sus derechos adquiridos están sustentados en el Reglamento de Pensiones y Jubilaciones para el Municipio de Celaya, abrogado en 2012, Blanca Hilda Grande Vega, representante de 220 jubilados afectados, dijo que dejaron de percibir el fondo equivalente al 3.5% del valor de su pensión.
El pago de jubilaciones ha crecido exponencialmente en Celaya
El pago de jubilaciones a los trabajadores municipales ha sido un problema histórico, ya que cada año aumenta el presupuesto destinado a este concepto. Para 2025 se destinaron 92 millones 897 mil pesos para el pago de 533 trabajadores pensionados y jubilados; en 2024 fueron 88 millones 815 mil 250 pesos; en 2023, 83 millones; en 2022, 72 millones 965 mil; en 2021, 70 millones 825 mil 137; en 2020, 62 millones 146 mil; y en 2019, 44 millones 926 mil 799 pesos.
Cada año, el municipio proyecta de manera anual lo que se gastará en pagar esta prestación adquirida desde hace décadas. La jubilación se cotiza sobre el salario que percibían, pero es variable según si los empleados eran sindicalizados o no y las prerrogativas que tenían al momento de su jubilación.
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Cabe resaltar que todos aquellos que ingresaron a la administración después de 2012 ya no gozan de doble pensión, del municipio y del Seguro Social.
Existía un Reglamento de Pensiones y Jubilaciones que beneficiaba a los empleados municipales con una doble jubilación: la del Seguro Social y la de la administración. Sin embargo éste fue derogado en el año 2012.
Con el anterior reglamento los hombres se jubilaban a los 30 años de servicio ininterrumpido, mientras que las mujeres a los 25. A partir del 2012 que se derogó el anterior reglamento, los trabajadores municipales sólo tienen derecho a la jubilación del IMSS, sin embargo no se les puede quitar a los que adquirieron este beneficio.
El reglamento donde se les dota de la doble jubilación data de 4 enero de 1983 y fue derogado en el 2012, lo que quiere decir que los que comenzaron a trabajar en el gobierno municipal después de esa fecha, ya no gozan de la doble jubilación, sólo la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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