Guanajuato, Guanajuato.- La Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado recibió a una comitiva de jubilados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Los afectados expusieron el severo impacto económico y de salud derivado de la aplicación de la reforma al artículo 127 constitucional, la cual ha generado recortes imprevistos de entre el 30 % y el 40 % en sus ingresos mensuales.
Los representantes aclararon que sus percepciones corresponden a derechos ganados tras laborar más de 30 o 40 años en áreas técnicas especializadas y de confianza, por lo que pidieron un análisis detallado caso por caso. Denunciaron que la ley federal se aplicó “parejo”, afectando a los trabajadores de carrera en lugar de revisar los verdaderos abusos políticos.
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Los portavoces hicieron hincapié en que la reforma se ensañó exclusivamente con el personal de confianza, dejando fuera a otros sectores, como el personal sindicalizado o las fuerzas militares, lo cual calificaron como un trato desigual e ilegal.
Cinthia Pérez, jubilada del laboratorio de CFE (LAPEM), relató el impacto directo en la planeación familiar: “Imagínense ustedes qué sentirían si de un día al otro te disminuyen el 30 % de tu salario, cuando tú ya hiciste compromisos personales con ese importe que tenías ganado. Nosotros entregamos nuestra vida; a nadie nos regaló nada”. Señaló además que asumieron puestos de alta responsabilidad y riesgo técnico, y que en su momento prefirieron mantenerse al servicio del Estado, a pesar de tener ofertas más lucrativas en la industria privada.
Por su parte, Raúl Héctor Rueda Trujillo, representante de los jubilados de PEMEX en la sede de Salamanca, detalló que en su caso la afectación fue del 40 %, sin previo aviso ni justificación legal. Advirtió que el recorte golpea directamente la subsistencia de los adultos mayores en momentos críticos de salud: “De la pensión nada más vivimos y de ahí compramos medicamentos y pagamos cirugías, porque los servicios médicos que tenemos en PEMEX están igual de deplorables que todos los demás servicios institucionales de salud”.
Al ser cuestionados sobre lo mencionado por el legislador morenista Antonio Chaurand Sorzano durante el apartado de asuntos generales del pasado 14 de mayo en el Pleno, quien defendió la política de austeridad argumentando que 72 mil pesos son suficientes para vivir decentemente y lanzó el señalamiento de que “si quieren más, pues que trabajen”, Raúl Héctor Rueda Trujillo reviró de manera breve: “Bueno, pues es muy respetable. Ya estará en nuestra edad; ojalá y siga trabajando”.
Jesús Rafael Sánchez, también jubilado de LAPEM, mencionó:
“El promedio de edad de los trabajadores jubilados de la CFE es de 75 años. Hoy trajimos testimonios de salud de compañeros que se ven imposibilitados para trabajar”, sentenció.
Sánchez precisó que todos se retiraron bajo el marco de los Contratos Colectivos de Trabajo validados por la propia Secretaría del Trabajo, por lo que el incumplimiento proviene directamente del Gobierno Federal, vulnerando la certeza jurídica de todos los ciudadanos: “No puedes cambiar las reglas ya que se terminó el partido”.
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Los representantes mencionaron que los coordinadores parlamentarios en el Congreso de Guanajuato recibieron la documentación técnica y los expedientes de salud de la comitiva. Señalaron que los diputados locales asumieron el compromiso de dar seguimiento a la información y trabajar el tema desde las comisiones dictaminadoras para buscar alternativas de apoyo dentro de sus facultades institucionales.
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