El decreto presidencial, firmado por Trump el 20 de enero de 2025, titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE”, buscaba modificar las reglas de ciudadanía al excluir a los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus migratorio regular o con estatus temporal. Bajo el decreto, estos niños no serían reconocidos como ciudadanos estadounidenses y, por ende, no tendrían derecho a documentos federales que los acreditaran como tales.
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La Corte Suprema limita la capacidad de los tribunales inferiores
La decisión de la Corte Suprema, emitida el 27 de junio de este año, instruyó a los tribunales inferiores a reconsiderar este tipo de fallos debido a su amplitud. De acuerdo con la Corte, no era viable que los jueces emitieran bloqueos de carácter nacional, por lo que la política del gobierno Trump no podría ser aplicada durante un periodo de 30 días, aunque el gobierno estaba autorizado para comenzar a preparar directrices sobre su implementación.
El Departamento de Justicia pide un interdicto alternativo
Durante la audiencia, los abogados del Departamento de Justicia presionaron para que Sorokin adoptara un enfoque más limitado, modificando el interdicto preliminar de forma que no bloquee completamente la política, pero permita que los niños afectados por ella puedan acceder a los programas federales de beneficios. Según Eric Hamilton, abogado del Departamento de Justicia, esta medida permitiría que los estados sigan brindando estos beneficios a los niños, con el gobierno federal reembolsando los costos tal como se hace con otras situaciones similares.
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Sin embargo, el juez Sorokin mostró escepticismo sobre la viabilidad de esta propuesta, cuestionando a Hamilton sobre cómo el gobierno garantizaría que el sistema funcionara correctamente y cumpliese con la orden judicial.
“¿Cómo sé que esto es factible? Según el registro que tengo, parece bastante complicado”, dijo Sorokin, dejando claro que la viabilidad del plan era uno de los factores clave para su decisión.
Dudas sobre la carga administrativa para los estados
El abogado Shankar Duraiswamy, que representaba a uno de los estados demandantes contra el decreto, destacó las complicaciones administrativas que surgirían si el fallo no bloqueaba completamente la política de Trump. Según Duraiswamy, los estados tendrían que implementar sistemas complejos para verificar la elegibilidad de los niños para los beneficios, lo que generaría costos adicionales y complicaciones logísticas.
Además, el abogado advirtió que una implementación parcial de la política podría generar una disparidad entre los estados gobernados por demócratas, que han demandado contra el decreto, y los liderados por republicanos, que apoyan la medida. Esto, según Duraiswamy, podría causar un aumento en la migración hacia los estados demandantes, lo que acentuaría los costos sociales y de servicios públicos.
“No se justifican las medias tintas cuando se trata de suspender una acción ejecutiva flagrantemente inconstitucional”, afirmó Duraiswamy, subrayando la importancia de un fallo claro y definitivo.
El caso se mantiene como un punto de tensión en la política migratoria de Estados Unidos, pues refleja el choque entre los esfuerzos de la administración Trump por restringir la ciudadanía y los desafíos legales que surgen en su implementación. Mientras los abogados del gobierno insisten en la viabilidad de una solución intermedia, los estados demandantes, liderados por fiscales generales demócratas, argumentan que cualquier medida que no bloquee el decreto en su totalidad solo perpetuaría la incertidumbre y las cargas para los estados más afectados.