Las movilizaciones orquestadas contra el regidor panista Ramón Hernández Hernández no nacieron únicamente de la denuncia pública que hizo sobre los supuestos moches al interior de la Dirección de Comercio y Consumo. Detrás de la embestida hay, por lo menos, dos componentes políticos que ayudan a explicar la intensidad de la respuesta.
El primero tiene nombre y apellido. La denuncia de Hernández Hernández golpea directamente al director de Comercio y Consumo, Carlos Anaya González, un funcionario muy arropado dentro del gobierno municipal. Es conocida su cercana amistad con el exsecretario de Vinculación y Atención a los Leoneses, Allan León Aguirre.
El señalamiento del regidor no solo puso en entredicho al director. Alcanzó a uno de los funcionarios con mayor respaldo dentro del primer círculo de confianza de la alcaldesa, particularmente con León Aguirre.
Hay un segundo frente que da otra dimensión al conflicto y ayuda a entender por qué la última protesta escaló en fuerza y reclamos, aunque también dejó al descubierto lo poco orgánica que fue. Ese otro componente es que Hernández Hernández fue uno de los dos regidores que acudió con la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para dejar clara su lealtad al PAN cuando la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, preparaba desde el año pasado su salida del partido.
Aquel movimiento, del que ya se dio cuenta en esta columna, terminó por concretarse hasta abril, cuando la alcaldesa tenía claro que ya no había futuro para su proyecto dentro del PAN, después de que su delfín quedara fuera de la virtual contienda por la candidatura.
Lo del edil fue visto como una traición y rompió de tajo la relación con un regidor que puede considerarse de los más cercanos a un sector del panismo más tradicional de León, los Villegas.
Así, en el caso de Ramón Hernández se juntaron dos factores: señalar a un funcionario protegido —que, por cierto, ni siquiera ha salido a declarar— y cargar con una factura política pendiente.
Que hoy haya una cargada contra el regidor no significa que con ello vayan a silenciar el reclamo. Al contrario, la alcaldesa abre cada poco tiempo nuevos frentes de conflicto. Es un desgaste permanente para su imagen y su credibilidad. Si la apuesta principal de su proyecto sigue siendo su supuesta popularidad, parece empeñada en erosionarla.
Doble daño ambiental provoca reclamo de capitalinos
Dos noticias sobre daño ambiental en Guanajuato capital provocaron el rechazo de los cuevanenses. En ambos casos sobran las preguntas y ninguna autoridad ha salido a dar la cara.
La primera fue la denuncia de organizaciones ciudadanas por la tala de garambullos centenarios cerca de la mina La Garrapata. Presuntamente, el retiro de la vegetación habría buscado facilitar el paso de corredores del Ultra Trail México, celebrado el fin de semana.
La organización del evento no emitió un comunicado formal, pero en redes sociales aseguró que, como parte de la carrera, no se realizó ninguna intervención para abrir senderos.
La denuncia estalló, además, en plena semana institucional del Gobierno del Estado, por lo que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, a cargo de Karina Padilla Ávila, no se ha dado ni por enterada.
Pero al regresar a las oficinas ya tendrá chamba acumulada. Ayer mismo, las intervenciones realizadas por la administración de Samantha Smith Gutiérrez en el Cerro de la Bufa también encendieron las críticas. Pese a los años de insistencia para que la zona sea declarada Área Natural Protegida, y mientras los estudios siguen en marcha, en un acto de incongruencia el gobierno capitalino decidió intervenir una de sus laderas para colocar escaleras y ensanchar el acceso previo al Día de la Cueva, el próximo viernes.
Hasta ahora, el gobierno municipal tampoco ha intentado explicar o defender la decisión.
La regidora morenista y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, Fernanda Arellano Caudillo, anunció que el tema será revisado para esclarecer ambos casos. Sin embargo, más allá de los posicionamientos políticos, serán la PAOT y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales las que tendrían que intervenir para determinar el daño ambiental. Mientras tanto, el silencio oficial.
Llega reclamo al FIG antes del despegue
El anuncio de que el cantante Christian Nodal se presentará en el Festival Internacional del Globo (FIG) provocó una ola de rechazo entre feministas de León. La Red Feminista aclaró que su postura no busca cancelar a un artista, sino cuestionar los mensajes que se envían desde eventos públicos.
Vale matizar, porque el FIG no es un evento público, sino privado. Sin embargo, también es cierto que recibe apoyo gubernamental. Este año obtuvo 8 millones de pesos del gobierno municipal mediante un subsidio directo, bajo el argumento del impacto económico que genera en la ciudad, además de recursos estatales para garantizar la gratuidad del primer día del evento, cuyo monto no ha sido transparentado por la Secretaría de Turismo.
El reclamo feminista difícilmente modificará el cartel del festival, pero sí incomodó a la organización. Del anuncio que buscaba elevar las expectativas del FIG surgió el cuestionamiento de un sector.
Tampoco es un reclamo exclusivo contra el FIG. Días antes, colectivos feministas cuestionaron la participación de un luchador en el Festival de Verano, pese a contar con una sentencia por tentativa de feminicidio.
La organización del FIG, encabezada por Escandra Salim Alle, podrá defender los beneficios económicos del evento, y tendrá argumentos para hacerlo, sobre todo para la propia organización. Pero una cosa no cancela la otra: el impacto positivo de un festival no elimina el derecho de un sector a manifestar su inconformidad y hacerlo público.
Contra Retrato
Edmundo Parada López
La muerte de una jirafa el fin de semana en el Zoológico de León colocó en el centro de los reclamos a su director operativo.
Los más claros son los de la regidora independiente Norma López Zúñiga, integrante del Consejo del Zoológico, quien denunció que al momento del incidente, presuntamente no había personal de guarda animal ni médicos veterinarios de guardia. La versión sostiene que la jirafa recibió una descarga eléctrica y posteriormente murió por broncoaspiración, explicación que la dirección del Zoológico ha rechazado.
Pero no es el único episodio que ha puesto al director operativo bajo la lupa de la edil. El viernes pasado propuso una estrategia para mejorar el ambiente laboral en el Zoológico y, entre las medidas planteadas, sugirió establecer acuerdos de confidencialidad para evitar filtraciones. Según dijo, la propuesta surgió de trabajadores de distintas áreas del centro de conservación. El documento, con una finalidad que contrasta con la naturaleza de una paramunicipal, cuya información debe ser pública, terminó bateado, particularmente por la regidora.
Ese mismo día también se dio a conocer que, entre las investigaciones iniciadas por el órgano interno de control, se detectó la presencia de personas externas durante procedimientos médicos a ejemplares. Una de ellas resultó ser la novia del director. Se explicó que se trata de una especialista y que el Zoológico requiere apoyo de profesionales externos para atender a los animales; sin embargo, al no existir una base legal para su participación, se dio vista a la Contraloría mientras se acordó regular estas colaboraciones mediante convenios.
Son varios los señalamientos que pesan sobre el funcionario. Cumple con las credenciales profesionales para ocupar el cargo, pero, como ocurrió con la próxima expresidenta del Consejo, Rebeca Pasini, su permanencia comienza a complicarse.
La sesión del próximo 5 de agosto difícilmente se centrará únicamente en la elección de una nueva presidencia del Consejo. Todo apunta a que será, también, otra jornada para enfrentar una nueva crisis del Zoológico.
