1.- La pensión del fiscal: razones para indignarse
Tan seguro estaba de su continuidad, que cuando se diseñó la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE), Carlos Zamarripa Aguirre se empecinó en que la autonomía de la naciente entidad fuera total. Sobre todo si se tratara de la parte administrativa, la gestión de los recursos y la disposición de los mismos. Después, rechazó tajantemente ceder recursos para la atención a las víctimas.
Ahora sabemos para qué tanto tinglado. La ley le permite al fiscal, en efecto, meter mano al reglamento interno como todo un mandatario autocrático. Incorporó una figura de apoyo financiero, para que él y sus subordinados se puedan pensionar incluso con un monto que iguale su salario neto que, en su caso, es superior a los 140 mil pesos mensuales; todo por que quiere y por que puede.
Varias veces hemos citado en este espacio, lo legal no necesariamente está acompañado de lo legítimo. Si bien el ‘generoso’ beneficio se hizo extensivo a toda la estructura de la FGE, se trata de una prestación que Zamarripa prácticamente incorporó a tres meses de hacerla efectiva para sí mismo. ¿En verdad quieren hacer pensar que se trata de una honorable gratificación?
Justamente el abogado y activista Roberto Saucedo Pimentel hizo el contraste con el grueso de los pensionados que están sujetos a las condiciones de un simple mortal. En datos oficiales, la mitad no recibe más de 14 mil 999 pesos al mes. De hecho, el 25 por ciento de los pensionados no recibe más de 9 mil pesos mensuales.
Precisamente dentro de esa estadística se incluye exfuncionarios de la FGE que ya han pasado a retiro. Muchos de estos exfuncionarios cumplieron – al igual que Zamarripa- con los 30 años de servicio obligatorios a fin de llevarse una pensión del cien por ciento, pero calculada sobre salario base y no sobre salario integrado, así que está topada y sin posibilidad de negociación.
Pero más aún ¿de dónde pretende fondear este sistema complementario de prestaciones? El investigador y defensor de derechos humanos, Raymundo Sandoval Bautista, hizo bien en recordar que la vehemencia con la que Zamarripa evitó que el Fondo de Atención y Apoyo a Víctimas -que ya venía operando con total discrecionalidad- y que en enero se estimaba en 120 millones de pesos.
A lo anterior, precisó que el fiscal administra otro fondo, el auxiliar para la procuración de justicia que resulta de enajenaciones penales y de la extinción de dominio que, al cierre de 2023 se estimaron en 200 millones de pesos, “mientras la CEAIV (Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas) en la inanición”, apuntó en sus redes sociales.
Asistimos al inefable mundo del fiscal de Guanajuato donde lo peor de todo, es que ni la 4T ha podido ponerle freno. Sandoval Bautista recordó que, para colmo, el artículo 19 de la Ley de la FGE le da otros tres años de protección y no se sabe qué pasó con la investigación que le abrieron en la Unidad de Inteligencia Financiera. “Las mañaneras hicieron más fuerte al Fiscal”, fue su certera conclusión.
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2.- Las impugnaciones de Alma y Xóchitl
En esta democracia en desarrollo que se vive en México, los paralelismos abundan por la coincidencia de agravios, inequidades e ilegalidades. Eso es lo que han terminado por manifestarse con las sendas impugnaciones que anunciaron las candidatas perdedoras de la elección a la presidencia y a la gubernatura de Guanajuato, Xóchitl Gálvez Ruiz y Alma Alcaraz Hernández.
Por supuesto, hay diferencias en cada caso, pero la coincidencia más importante radica en los peores cánceres de la cultura política mexicana. Manchas que cubren los procesos electorales contemporáneos, más allá de la certeza, esa sí ganada con el tiempo, que ofrece el Instituto Nacional Electoral (INE) o el propio Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG).
Ayer fue la excandidata presidencial de la coalición PAN-PRI-PRD la que, luego de explicar en diversas entrevistas que aceptaba la derrota y reconocía el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en las elecciones del 2 de junio, cumplió la advertencia de impugnar la elección fundamentalmente por la intervención presidencial, así como por la intervención del crimen organizado.
Si bien en su caso no pretende anular la elección, los señalamientos implicarían al menos un llamado de atención para el presidente Andrés Manuel López Obrador por violencia política de género. De hecho, consiguió que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), le diera la razón. Ahora busca que se esclarezca la participación del crimen organizado, que vaya si estuvo activo.
En el caso de Alma Alcaraz, como se informó en su momento, anunció que impugnarán la elección a la gubernatura de Guanajuato y buscarán que se declare la nulidad de ésta para que se convoque a una elección extraordinaria, por el presunto uso de recursos públicos entregados a través de la llamada “tarjeta rosa”, la violencia y, faltaba más, la injerencia del gobernador Diego Sinhue Rodríguez.
Intervención del gobierno, recursos ilícitos, violencia política y homicidio. Cuatro jinetes del apocalipsis que, por lo menos, no terminaron normalizados por los propios actores políticos cuando parecen males endémicos de la democracia mexicana.
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3.- Masacre en León: evidencias de la disfunción
Con una década en crisis de violencia, la experiencia nos dice que es en las tragedias más graves salen a flote las disfunciones del sistema de seguridad y justicia. Cada instancia puede cambiar su posición o nivel de involucramiento, pero las fallas salen a relucir justo cuando lo que urgen son respuestas.
Así fue con la masacre que acabó con la vida de cuatro mujeres y dos bebés en la colonia Industrial en León, donde fue puesta en evidencia la irregular intervención de cinco elementos de la Guardia Nacional. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que estos están bajo custodia de la Secretaría de la Defensa Nacional que realizará una investigación propia.
Pero el tema no queda ahí. La forma en la que videos y versiones extraoficiales han sido filtradas, no ha ayudado en nada más que en la politización. No se debe soslayar que el video filtrado, en el que se ve la llegada de los elementos de la GN, fue filtrado a medios aun siendo material del C4 que actualmente forma parte del expediente de investigación de la FGE.
Por lo demás, las versiones han corrido de forma indiscriminada y encontrada. Con datos específicos que sólo la FGE tendría en su poder, el caso ha sido abordado por analistas de medios nacionales que han pintado, como hasta ahora lo es, un panorama desolador en Guanajuato, donde los grupos criminales son capaces de esto y más.
Por lo pronto, López Obrador anunció que, por ahora, los cinco elementos de la Guardia Nacional están inmovilizados y retenidos, pues aún falta la investigación del caso por parte de la FGE, así que la impunidad persiste.
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CONTRA RETRATO
Alejandro Navarro Saldaña
Se salió con la suya. Forzó las negociaciones con los concesionarios del transporte público de Guanajuato, para que estas ni siquiera se desarrollarán en la campaña de Samantha Smith Gutiérrez ni antes del 2 de junio. Lo logró y ahora heredará un bonito incremento de tres pesos generalizado.
Alejandro Navarro Saldaña feliz y los concesionarios conformes. A tres meses de que termine la administración municipal de Guanajuato, el incremento al costo del transporte público llegó como balde de agua fría cuando se pensaba que ya era un tema que le tocaría a la próxima presidenta municipal.
“Aumentará dentro de siete días”, dijo Navarro Saldaña como si se tratara de un beneficio popular. Todo lo contrario, pues estos apenas se negociarán a pesar de que ya se dio por hecho el tema central.
Alejandro Navarro junto con el Director General de Tránsito, Movilidad y Transporte así como transportistas apenas se reunirán para firmar una lista de compromisos y que se publique la nueva tarifa en el Periódico oficial del Estado.
Las promesas, usted lo sabe, son las mismas de siempre. “Exigirles ahora sí que las unidades estén en buen uso, puntuales y que cumplan los plazos”, sentenció Navarro como si su trienio apenas estuviera comenzando, sin pensar que el costo político es para quien llega.