1.- La salida al FIDESSEG: Libia ataja quejas
No podría ser de otra manera. Si la propia gobernadora electa Libia Dennise García Muñoz Ledo, es la solicitante directa de la extinción del Fideicomiso de Administración e Inversión para financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y Seguridad Pública (FIDESSEG), tendría que ser ella misma la que interviniera para cerrar ese frente.
Ayer, García Muñoz Ledo se reunió con representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) respaldadas por el sector empresarial, en su protesta contra la desaparición de un instrumento financiero que les otorgó consideración especial dentro del presupuesto estatal, pero que además comprometió una nada despreciable bolsa de casi 2 mil millones de pesos anuales.
No hubo mayor información oficial del encuentro de la gobernadora electa. De hecho, el comunicado emitido al respecto no menciona el FIDESSEG, pero vaya que fue tema. Aparentemente Libia Dennise habría reconsiderado su extinción pero sí llegaría a un punto medio en el destino de los recursos. Aún falta amarrar más voluntades, pero los recursos para las OSC quedarían salvados, eso sí, en Sedeshu.
No se puede perder de vista la raíz de las motivaciones para maniobrar con el FIDESSEG. Simple y sencillamente el gobierno entrante requerirá de toda la liquidez posible y un acuerdo como el asumido por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo con los empresarios, en el uso, destino y disposición de los recursos, no ayuda a ese objetivo y mucho menos si es por reforzar la llamada Tarjeta Rosa.
De ahí que se gestara una crisis completamente gratuita. El gobernador decidió pedir que el tema surgiera como una iniciativa de exhorto a su secretario de finanzas por parte del Grupo Parlamentario del PAN – que de hecho acataron a raja tabla- para luego convocar a una mesas de diálogo que fueron vistas con incredulidad por las cúpulas empresariales.
Ahora bien, la intervención de Libia no se realiza sin el debido cálculo político. Ella ha comenzado a operar el tema empezando justamente por las OSC y no por los empresarios, precisamente por la necesidad de zanjar un asunto coyuntural sin exponerse al ya acostumbrado rosario de peticiones provenientes del empresariado, que ya hasta le tienen “perfiles” para el gabinete.
Por lo pronto, han sido otros empresarios en su papel de presidentes e integrantes de los Consejos de las Fundación Empresarial Guanajuato y Actuando por Guanajuato, Gerardo Pons y Juan Carlos Usabiaga, así como la Gerente de Vinculación y Alianzas, Adriana Cortés Jiménez, quienes se llevaron la promesa transparencia y simplificación de los trámites para la aplicación de los recursos públicos.
Al final, se trata de uno de los pocos temas que han sacado a Libia de su ostracismo en medio de toda una vorágine de decisiones, contrataciones, designaciones y concesiones, que terminará por impactar en su sexenio.
2.- Alma Alcaraz: sobreponerse a la elección
Aún permaneciendo como la segunda fuerza política de Guanajuato, Morena evidentemente se fortaleció tras las elecciones del 2 de junio. Sin embargo, ese valor no puede más que ser asignado a la marca, pues el funcionamiento partidario no ha cambiado sus dinámicas entre grupos internos, pero sobre todo sin uno o varios liderazgos que sean punta de lanza en una nueva coyuntura.
Parece que llenar ese vacío es ahora el interés de la todavía diputada local y excandidata a la gubernatura, Alma Alcaraz Hernández, quien ha mantenido viva el relato que motiva la impugnación sobre la elección estatal cuya sentencia, de no serle favorable resuelta en que acudirá a la Sala Superior de Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
“Ya existen pláticas por ahí… es parte de lo que estamos revisando, porque hay buen sabor de boca por los resultados que tuvimos, 1 millón 177 mil votos, que nunca se habían tenido”, presumió Alcaraz Hernández al insistir en que si trabaja en el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, tendría que ser en un cargo que le permita residir en Guanajuato.
En este transcurso, Alma Alcaraz no pierde el tiempo. Se mantiene en giras y reuniones son diferentes integrantes de grupos internos, en un intento por rehacer su fuerza política después de la elección. No en balde regresó a la actividad pública con la comparecencia del Fiscal General del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre.
Lo que es un hecho es que este trance lo enfoca en reposicionarse como liderazgo político en la 4T de Guanajuato, con el ineludible y necesario desmarque respecto del ahora senador electo Ricardo Sheffield Padilla con quien las cosas no terminaron nada bien.
3.- El caso Temach y la nueva normalidad
“Ellas aman a los cabrones”. El sólo título de la presentación del influencer Luis Castilleja “El Temach” ya da qué pensar por la violencia intrínseca que utiliza como medio de impacto. No se trata de una simple palabra altisonante, es en suma el reflejo de contenidos que desde la redes podrán encontrar un público, pero que en los espacios públicos pasan ahora por el tamiz de una nueva normalidad.
Es la corrección parte de esa nueva normalidad donde la violencia de género es combatida en sus diferentes representaciones, incluso de aquellos que se dicen portavoces de un movimiento que se dice contestatario del feminismo, haciendo uso de tips de conquista y de “empoderamiento masculino”, ante las batallas ganadas por el feminismo que, dicen, les agravia.
Es en ese marco que el municipio de León se vio obligado a reconsiderar y cancelar la presentación del influencer en el Teatro Doblado. Lo hizo haciendo uso de una reglamentación que fue integrada hace apenas un año, derivado de las críticas que se recibieron por la contratación de los llamados narco shows en las festividades auspiciadas por un gobierno que decía estar en contra de la apología.
Fue así que se utilizó el criterio del reglamento de Espectáculos Públicos y Festividades, que les obliga a preservar los derechos humanos por sobre la libertad de expresión, de acuerdo con el secretario de Ayuntamiento, Mario Enriquez Carrillo, quien recordó que ahora se deberán denegar los permisos para la presentación de espectáculos públicos que promuevan la violencia.
Ese es el nuevo piso. Sin embargo, la situación también obliga a observar próximas consideraciones en futuros eventos, pues utilizar los derechos humanos como escudo para censurar injustificadamente, se ha visto, es también un tentación viva para los gobernantes. Se trata de criterios deseables para frenar la promoción de la violencia, pero detestables con un sesgo represor.
CONTRA RETRATO
Carlos Zamarripa Aguirre
En su última comparecencia habría de encarar a la oposición política. Su discurso fue el de un timonel que no acepta su parte en el naufragio. Un último gesto, una última apuesta en un acto que se convirtió en el campo de batalla por su reputación.
Carlos Zamarripa Aguirre negó de cabo a rabo su responsabilidad en la crisis de violencia e inseguridad que padece Guanajuato, como si la impunidad no generara más ilícitos. Pero muchos otros temas se enfilaban sin importar las cifras o índices de los que se volvió un experto en evadir, como su pensión de privilegio y la designación de su esposa como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
En sus justificaciones, lo esperado y consignado por Correo desde que salió a la luz. El crecimiento de las pensiones más allá del tope de los 50 mil pesos mensuales, es justicia, dijo, para todos los trabajadores expuestos al riesgo en la FGE, como él, claro. Una consideración que ya estaba en la ley, dijo, pero que decidió activar tan pronto la candidata oficial anunció su salida anticipada y pactada.
Es curioso. En sus argumentaciones sobre su pensión, citó al reforma policial del 16 de junio del 2008, en la que se dispuso la posibilidad de generar pensiones mejoradas para los agentes de seguridad, la misma reforma que le otorga a los policías la facultad de investigar delitos que tanto ha detenido el fiscal para su aplicación en Guanajuato.
Creyó que un sólo golpe de timón lo arreglaría todo, que un periodo de 15 años al frente de la Fiscalía General del Estado se recubriría de halagos en tres meses. Que enfrentando esta obligación legal, política y pública, su imagen de reconstituiría y así alcanzar la gloria histórica de la que se cree merecedor.
Pero la comedia terminó. Es un hecho que además de los opositores políticos, la vox populi se levantó en su contra para cobrarse con adjetivos la opacidad, la discrecionalidad, la omisión y los abusos de poder, al grado de obligar a la candidata oficial a prometer su dimisión y a los partidos opositores animar el escarnio. Ese será, al final, el irremediable colofón de su gestión.