Guanajuato, Guanajuato.- Representantes de las ladrilleras de El Refugio, en León, dieron a conocer que el Gobierno del Estado no ha cumplido los acuerdos en la aplicación de los cinco ejes de la “Estrategia de Atención Integral al Sector Ladrillero”, anunciada desde 2023. También denunciaron que hay documentados al menos nueve casos de cáncer entre personas de la comunidad.
El vocero del sector, Carlos Frías, señaló que, como consecuencia de las emisiones contaminantes, se han detectado cuatro casos en menores de edad —uno de ellos ya fallecido—, tres en mujeres adultas y dos en hombres adultos.
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Incluso refirió que registran casos de asma en niños, más de diez diagnósticos de insuficiencia renal y diversas afectaciones visuales causadas por el contacto continuo con los humos contaminantes.
Desde el Congreso del Estado, los habitantes pidieron la intervención inmediata de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para instruir a la Secretaría de Salud del Estado a que implemente un plan integral de atención médica, así como la realización de un estudio serio y actualizado sobre los impactos en la salud ocasionados por la producción de ladrillo.
Y es que el único estudio realizado corresponde a la comunidad de Loza de los Padres, ubicada a tres kilómetros de distancia, el cual no refleja la realidad de El Refugio. Denunciaron además que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se ofreció a realizar un estudio sin costo, pero que la propia Secretaría de Salud de Guanajuato lo impidió.
El legislador David Martínez Mendizábal, quien invitó a los representantes ladrilleros, informó que desde el grupo parlamentario de Morena se presentó un punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado a que atienda de manera urgente esta problemática; sin embargo, los diputados panistas en la Comisión de Salud han detenido la propuesta. Este miércoles insistirá para que dicha comisión emita un dictamen a favor.
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Sobre la estrategia prometida por el Estado, se incluía la instalación de 15 hornos MK2, tecnología que reduce hasta 70 % las emisiones contaminantes; no obstante, aunque estos hornos ya están asignados, no han sido instalados.
Otra propuesta inconclusa es la de otorgar apoyos de hasta 150 mil pesos a las familias que decidieran cerrar sus hornos tradicionales y emprender nuevas actividades económicas. Los representantes aseguraron que están dispuestos a hacerlo, pero señalaron que los apoyos no llegan y que, en muchos casos, los requisitos dificultan los trámites.
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Finalmente, pidieron que los diputados visiten la comunidad para que revisen de manera cercana la forma en que viven los habitantes y constaten las enfermedades que padece la población.
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