Hace poco más de tres décadas, una generación entera aprendió a repetir una lista que parecía sencilla: derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a jugar, derecho a tener una familia, derecho a ser protegidos. Las niñas y los niños las aprendían de carteles escolares, actos cívicos y libros de texto. Muchos podían incluso recitarla de memoria.
Hoy, vale la pena plantear una pregunta incómoda: si las niñas y los niños conocen sus derechos, ¿los adultos contemporáneos los tenemos presentes?
La historia reciente muestra un cambio importante en la manera de entender la infancia. Durante siglos, niñas y niños fueron vistos principalmente como integrantes de una familia bajo la tutela absoluta de los adultos. No fue sino hasta el siglo XX cuando comenzó a consolidarse una idea distinta: la infancia no es solamente una etapa de preparación para la vida adulta, sino una etapa con valor propio, cuyos integrantes tienen derechos que deben ser protegidos.
La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño por las Naciones Unidas en 1989 marcó un punto de inflexión. A partir de entonces, el discurso público empezó a reconocer que las niñas y los niños son sujetos de derechos y no únicamente receptores de protección o asistencia.
Con el tiempo, esos derechos se volvieron familiares para la mayoría de la sociedad. Lo que ha resultado más difícil es comprender que garantizar esos derechos requiere mucho más que buenas intenciones.
Porque el derecho a una alimentación adecuada no comienza cuando una niña o un niño se sienta a la mesa. Empieza mucho antes, en las condiciones laborales, económicas y sociales que permiten a una familia proveer alimentos. El derecho al cuidado no depende únicamente del amor de madres y padres. También depende del tiempo disponible para cuidar. El derecho al desarrollo integral no ocurre exclusivamente en una escuela o en un centro de salud, está relacionado con la estabilidad emocional, la salud mental y las redes de apoyo que rodean a las familias.
Visto de esa manera, los derechos de la infancia dejan de ser un tema exclusivo de gobiernos, organizaciones sociales o especialistas en desarrollo infantil. Se convierten en una responsabilidad compartida. Y es justamente ahí donde las empresas entran en la conversación.
Durante mucho tiempo, la relación entre empresa e infancia fue entendida desde la filantropía: apoyar una escuela, realizar donativos o participar en campañas comunitarias. Todo ello sigue siendo valioso. Sin embargo, hoy sabemos que existe una contribución aún más profunda y con mayor capacidad de transformación. Las organizaciones influyen todos los días en la vida de millones de familias a través de las condiciones de trabajo que ofrecen.
Cuando una empresa impulsa esquemas flexibles, licencias parentales, espacios de lactancia o programas de apoyo para personas cuidadoras, no solo está mejorando indicadores laborales. Está fortaleciendo las condiciones que permiten que niñas y niños crezcan en entornos más favorables. La evidencia acumulada en los últimos años muestra que el bienestar infantil, el bienestar familiar y la competitividad empresarial no son conversaciones separadas. Forman parte de una misma realidad. La calidad de vida de las familias, la permanencia laboral, la productividad y el desarrollo infantil están cada vez más conectados.
Además, México enfrenta transformaciones demográficas que vuelven este desafío todavía más relevante. Cada vez más personas combinan responsabilidades laborales y de cuidado; las familias son más diversas y el tiempo destinado a cuidar adquiere una importancia creciente para la sostenibilidad económica y social.
Por ello, hablar de infancia en la agenda empresarial ya no significa únicamente preguntarse qué necesitan: significa preguntarnos qué necesitan quienes los cuidan. Quizá ésa sea una de las lecciones más importantes que hemos aprendido en las últimas décadas. Los derechos de los menores no se garantizan solamente desde la infancia. Se construyen en el mundo adulto.
Se construyen cuando una madre puede acudir a una reunión escolar sin poner en riesgo su empleo. Se construyen cuando un padre puede ejercer activamente su papel de cuidador. Se construyen cuando una persona trabajadora encuentra apoyo para equilibrar responsabilidades familiares y profesionales. Se construyen cuando las organizaciones entienden que cuidar no es una distracción de la productividad, sino una condición para sostenerla en el largo plazo.
Las niñas y los niños siguen aprendiendo sus derechos en las escuelas. Tal vez el reto para nuestra generación sea aprender algo complementario: que cada decisión institucional, pública o empresarial puede acercarlos o alejarlos de esos derechos.
Porque las infancias conocen sus derechos, la pregunta es si nosotros estamos dispuestos a asumir la parte que nos corresponde para hacerlos realidad.